A una semana de las elecciones, el Ministerio de Transporte anunció el inicio de una revisión de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024 por cámaras que se encuentran bajo la jurisdicción de 37 organismos de tránsito municipales y departamentales. “Se caen siete millones y medio de comparendos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien presentó ese efecto como un hecho consumado. Sin embargo, expertos en tránsito y autoridades locales advierten que se trata apenas del comienzo de un proceso administrativo cuyos resultados podrían tardar meses y probablemente beneficien a una fracción de los causantes de esos comparendos.El Ministerio sostiene que, de los 7,5 millones de comparendos revisados, 5,8 millones no han sido pagados y quedarían sin efecto, y que las secretarías de movilidad que recibieron el pago de los 1,6 millones deben devolver el dinero a los ciudadanos multados. Según la cartera, el monto total de esas devoluciones superaría los 1,05 billones de pesos (unos 285 millones de dólares) y las entidades territoriales podrían enfrentar además sanciones por más de 2,1 billones (570 millones de dólares). “Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, dijo Rojas al presentar la medida, que el Gobierno calificó de “histórica”.El diablo está en los detalles. El Ministerio asegura haber encontrado “posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios” en la instalación y operación de cámaras de detección electrónica, pero la palabra “posibles” quedó luego relegada en su explicación. Según la cartera, 12 organismos de tránsito comenzaron a operar cámaras “sin contar con concepto técnico de desempeño” (una autorización previa); siete habrían utilizado conceptos expedidos a terceros, autorizaciones otorgadas a operadores distintos a quienes realmente manejaban las cámaras; y otros 18 obtuvieron esos permisos después de haber iniciado la operación de los sistemas.La ciudad más impactada por la revisión sería Cali, con 2,7 millones de comparendos bajo la lupa, de los que casi 400.000 ya fueron pagados y podrían implicar devoluciones cercanas a 300.000 millones de pesos. Bogotá tiene cerca de 294.000 comparendos revisados, con 107.300 pagados y por los que debería devolver 70.700 millones; Medellín, con 717.000 comparendos, 147.003 pagados y una deuda de 62.400 millones; y Barranquilla, con 131.200, de los que 5900 ya fueron pagados y por los que debería devolver 13.261 millones. Rojas ha dicho que todavía falta analizar otros 758 permisos solicitados por 50 organismos adicionales, por lo que la cifra podría aumentar.Pero también podría disminuir. “Esto no es un hecho cumplido, sino un primer paso. Los municipios tienen derecho a defensa y a sustentar caso por caso si las sanciones aplican o no”, afirma Ricardo Peña, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. El docente explica que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia, como máximos órganos de regulación del tránsito, sí tienen facultades para inspeccionar la operación de las cámaras. Pero hay que mirar caso a caso, explica. “Muchos municipios tienen sistemas menos rigurosos técnicamente, pero ciudades de primer nivel como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla suelen tener secretarías de tránsito muy estrictas en el cumplimiento de criterios técnicos y normativos”, afirma. “No dudo de la capacidad técnica de esas entidades”, afirma.Hasta ahora, la notificación a los municipios y gobernaciones ha sido desigual: aunque ya llegó a la capital y a municipios como Galapa, en el departamento caribeño de Atlántico, no ha llegado a Cali, la ciudad con más comparendos bajo revisión. La Secretaría de Movilidad de Bogotá explica que está estudiando el caso. “Se está analizando el contenido de la resolución, y las pruebas que la sustentan”, responde a EL PAÍS por escrito. “No existe actualmente una determinación que implique la anulación automática de comparendos ni la devolución inmediata de los recursos”. También asegura que todas las cámaras cuentan con los debidos permisos y que su función no es recaudar dinero, sino “prevenir siniestros y proteger la vida de todas las personas en las vías”. De hecho, recientemente ha instalado cámaras que no emiten comparendos, pero señalan a los conductores cuándo superan los límites de velocidad. Diana Reina, gerente de enRuta, la entidad distrital de Cali encargada de tramitar las fotomultas, asegura que la ciudad presentará sus argumentos sobre cada caso una vez sea notificada. “Hasta tanto no haya un fallo definitivo, las cámaras siguen funcionando con normalidad”, señala, y explica que fueron instaladas bajo la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial . Argumenta, además, que cumplen con todos los requisitos normativos exigidos. Peña considera poco probable que se terminen anulando todos los comparendos mencionados por el Ministerio. “Va a estudiarse punto por punto, dependiendo de la localización de las cámaras, la fecha de imposición de cada comparendo y la normatividad vigente en ese momento”, explica.La regulación de las cámaras de fotodetección ha ido cambiando. Inicialmente, la Resolución 718 de 2018 dejó en cabeza del Ministerio de Transporte la regulación técnica de estos sistemas, con apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En 2020, una nueva resolución modificó los criterios técnicos y trasladó parte de esas competencias a la Agencia.Iván Sarmiento, director del grupo de investigación en vías y transporte de la sede Medellín de la Universidad Nacional, advierte que una eventual devolución masiva podría afectar gravemente las finanzas de las ciudades y comprometer recursos destinados al transporte público. “En Medellín, por ejemplo, subsidiar el transporte público cuesta cerca de 100.000 millones de pesos. Si una ciudad tiene que asumir devoluciones de gran magnitud, puede terminar quitándole recursos al transporte público”, afirma. “En el Estado se debe responder por los procesos que involucran devoluciones”, dijo, de forma tajante, la ministra Rojas frente a esas preocupaciones.Los expertos Peña y Sarmiento coinciden en que sí existen casos problemáticos en algunos municipios, especialmente relacionados con la señalización deficiente o los límites de velocidad mal implementados. Sarmiento menciona tramos de carreteras nacionales que atraviesan ciudades intermedias y reducen abruptamente la velocidad permitida de 90 a 40 kilómetros por hora, situaciones en las que, dice, algunas cámaras terminan funcionando como trampas. Esas son las que, a su juicio, ameritan revisión.Para Peña es positiva la intervención del Ministerio y la Superintendencia como mecanismo de control sobre municipios y departamentos. “En municipios pequeños o intermedios se han escuchado muchas quejas sobre falta de rigurosidad técnica y operacional. Este llamado sirve para recordar que los conductores también tienen derechos y que las sanciones deben cumplir todos los requisitos legales”, sostiene.Sin embargo, ambos expertos cuestionan que el anuncio haya sido presentado como si todas las cámaras revisadas fueran inválidas. “Generalizar que todas las cámaras de una ciudad no funcionan es un sinsentido”, afirma Sarmiento. También advierte que el mensaje puede terminar beneficiando a infractores y debilitando la cultura de seguridad vial. “Eso manda el mensaje de que incumplir las normas puede salir gratis, justamente cuando las ciudades tienen altos niveles de accidentalidad y muchas de estas multas están relacionadas con exceso de velocidad o mal estacionamiento”.Peña considera además que no es casual que el anuncio haya llegado a pocos días de la primera vuelta presidencial. “Esto genera buena aceptación ciudadana”, afirma. Sarmiento coincide y sostiene que la medida aparece en un momento políticamente sensible, y que podría ser un “contrapeso” a propuestas de candidatos de derecha como subsidiar el seguro obligatorio para las motos y mantener su exención de pago de peajes.