La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que informe a Interpol del procesamiento del hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de su ministro del Interior y del director general de Seguridad de la Presidencia por los delitos de terrorismo, secuestro y torturas a cuatro opositores residentes en España. Uno de ellos, Julio Obama, de 61 años, falleció en circunstancias no aclaradas.Los magistrados creen necesario que Interpol conozca toda la información relevante de este proceso para que decida si finalmente incluye en sus registros la orden de búsqueda y captura internacional contra los tres investigados acordada por la Audiencia Nacional. Guinea Ecuatorial se opuso a que se registrara esta petición en la base de datos de este organismo de cooperación policial que agrupa a 196 países.Los cuatro opositores, dos de ellos de nacionalidad española, fueron secuestrados en 2019 mediante engaño en Yuba (Sudán del Sur), trasladados en el avión presidencial de Obiang a una cárcel en Mongomo (Guinea Ecuatorial), juzgados por un tribunal militar y condenados a penas de entre 60 y 90 años por un supuesto golpe de Estado. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el proceso por falta de garantías y pruebas.Protesta de Guinea EcuatorialEl auto de la Sala, al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un nuevo varapalo al juez Santiago Pedraz en la instrucción de este caso. El titular del Juzgado de Instrucción número cinco se había negado a que se informara a Interpol del procesamiento por secuestro con finalidad terrorista de Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior, Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior e Isaac Nguema Ondo, director general de Seguridad de la Presidencia.Pedraz declinó remitir nueva información a Interpol porque “nada nuevo ha acontecido más que el auto de procesamiento. Y es obvio que no hay base alguna para ir comunicando a Interpol los hitos procesales, los hechos son los que son y la calificación jurídica ya consta. Y no es cuestión a resolver si Interpol califica o no erróneamente los hechos”.Tanto el fiscal Vicente González Mota como Aitor Martínez, el abogado del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República al que pertenecen los secuestrados, pidieron al instructor que enviara a Interpol la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que se acordó que correspondía a la justicia española la jurisdicción del caso, el auto de procesamiento de los investigados, así como los autos de prisión provisional y órdenes internacionales de detención.La Fiscalía y la representación de las víctimas pidieron, también, que se inste a la Secretaría General de Interpol a revisar su decisión de no incorporar esta información, dado que los investigados están procesados por delitos de secuestro con finalidad terrorista, y no por crímenes de lesa humanidad.Interpol remitió el pasado mes de enero al Juzgado un correo en el que señala que registrar en sus bases los datos facilitados no sería conforme con la resolución de la Asamblea General de este organismo sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esta norma establece que si la petición es remitida por un Estado miembro respecto a un nacional de otro país, este último puede presentar una protesta. Guinea Ecuatorial lo hizo y se opuso a que se registrara la información sobre el hijo de Obiang y los otros dos altos cargos procesados.Ahora, la información que se remitirá a Interpol aclarará que han sido procesados por delito de secuestro con finalidad terrorista, por lo que, a juicio de la fiscalía y de la representación de las víctimas, esa resolución no debería afectar a este caso.Negativas y varapalosEsta es la segunda vez que la Sala de lo Penal ordena a Pedraz remitir a Interpol información sobre esta causa. En diciembre de 2024, la misma Sala le obligó a remitir “todas aquellas actuaciones de las que se deriven los indicios existentes frente a los investigados, así como de la participación de cada uno de ellos en los hechos”. Entonces el organismo de cooperación policial había pedido una ampliación de información sobre el rol que había jugado cada investigado “para evitar que su expediente sea eliminado” y ofreció al magistrado una moratoria para responder. El juez declinó atender la petición y no amplió ningún dato.Durante todo el proceso, Pedraz se ha negado a dictar las Órdenes de Detención Internacional (OIDs) pese a encontrarse los tres investigados en rebeldía, darle plantón y no acudir en dos ocasiones a declarar por videoconferencia. El juez solo lo hizo finalmente obligado por los tres magistrados de esta Sala que atendieron el recurso presentado por el abogado de los querellantes y por la fiscalía. Pero la orden de detención lleva la firma de Francisco de Jorge, el juez sustituto, porque en esa semana Pedraz se ausentó de permiso. De Jorge decretó también la prisión para el hijo del autócrata y para los dos altos cargos del Gobierno guineano.La orden de detención contra los tres investigados está vigente en todas las oficinas europeas de Sirene (Solicitud de información complementaria a la entrada nacional), centro responsable de validar las descripciones de las personas buscadas para su detención. Es decir, que si pisan suelo europeo serían detenidos, conducidos a la Audiencia Nacional e ingresarían en prisión.La resistencia de Pedraz a ordenar la detención internacional del hijo del dictador fue una más de sus controvertidas decisiones en una causa plagada de continuos varapalos a sus autos y providencias por parte de la Sala de lo Penal. Este organismo fiscalizador del trabajo de los jueces, ha atendido todos los recursos presentados por la Fiscalía y por los querellantes. El nuevo auto que obliga al juez a enviar la información a Interpol está firmado por los magistrados Fernando Andreu, Joaquín Delgado y José Joaquín Hervás.