Habían transcurrido unos quince minutos de entrevista. Las preguntas seguían el orden de siempre: dónde, cómo, cuándo. Y las respuestas también: no sé, no entiendo, no estuve. Hay que investigar, revisar documentos, seguir la ruta del dinero. Al final, el entrevistador formula una pregunta distinta: “¿Se arrepiente?”. Hay una pausa breve. “Me arrepiento porque, la verdad, no vale la pena entregarle al país”.La reacción no es difícil de comprender. Se trata de alguien con una trayectoria profesional extensa en organismos internacionales que regresa al Ecuador con la idea de retirarse y, en medio de una crisis, acepta participar en la gestión pública. Lo hace con la convicción de que su experiencia puede ser útil. Sin embargo, un incumplimiento contractual termina convertido en un proceso penal que pone en riesgo su libertad, su patrimonio y su reputación. Lo que debía ser un cierre tranquilo de su vida profesional se transforma en una etapa marcada por la incertidumbre, el desgaste y la defensa judicial.“No vale la pena” es la conclusión de una persona que percibe que el servicio público castiga más de lo que reconoce, y que la disposición a asumir responsabilidades y hacer sacrificios personales para servir a sus conciudadanos termina siempre convertida en una fuente de riesgo personal que nadie recompensa y que nadie aprecia. Es verse en el profeta que baja feliz de la montaña más alta con sus doce tablas bajo el brazo para dar orden y paz a un poco de idiotas que lo ignoran y bailan alrededor del becerro de oro.Pero por comprensible que resulte “No vale la pena”, no hay que perder de vista que es precisamente eso lo que más beneficia a los corruptos. Cuando una sociedad acepta que participar, denunciar o asumir funciones públicas es inútil, quienes actúan de mala fe encuentran el terreno despejado. A quienes se benefician del deterioro institucional les conviene que la gente decente llegue a la conclusión de que este es un país imposible de gobernar. Les conviene que se instale la idea de que todos son corruptos y de que nada sirve, porque esa generalización borra las diferencias entre quienes se aprovechan del poder y quienes todavía intentan ejercerlo con responsabilidad. La historia del Ecuador ofrece suficientes ejemplos de que la acción de personas íntegras sí puede producir cambios reales, aunque no inmediatos ni perfectos. Hay administraciones locales que mejoraron servicios públicos, iniciativas educativas que ampliaron oportunidades y funcionarios judiciales o administrativos que actuaron con rectitud en entornos adversos. Es verdad que, en el Ecuador actual, existen incentivos que desalientan la participación de personas valiosas en el sector público. La combinación de persecuciones judiciales mal planteadas, condenas anticipadas en el debate público y denuncias sin suficiente sustento puede generar un efecto paralizante. El miedo, en ese contexto, se convierte en un aliado de la corrupción y de la incompetencia. Aceptar sin más que “no vale la pena” servir al país implica concederles la victoria a quienes apuestan por el vacío, el desencanto y la destrucción de este país. (O)