El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal de siete cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas hace 30 años, cuando era Ministro de las Fuerzas Armadas. La prueba central es una grabación de audio de 11 minutos y 32 segundos registrada cuatro meses después del incidente, en la que una voz atribuida a Castro discute la operación.PublicidadLa acusación llega en el momento de mayor tensión entre Washington y La Habana en décadas, una semana después de la visita del director de la CIA a la isla, diez días después de la aprobación de un nuevo paquete de sanciones y en medio de una opaca y discreta negociación bilateral. Desde la isla señalan que este movimiento busca legitimar una eventual agresión.La acusación fue presentada en Miami el día que la diáspora cubana conmemora el "Día de Independencia de Cuba", con el fiscal general interino Todd Blanche como maestro de ceremonias. Este jueves el propio Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, calificó a Castro de "prófugo", una retórica que recuerda a la empleada contra Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente Díaz-Canel respondió en X que la acusación es "una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba". El canciller Bruno Rodríguez Parrilla la calificó de "farsa" que "descansa en la mentira y oculta verdades históricas debidamente documentadas". La Habana ha respondido llamando a movilizaciones populares para los próximos días.El contexto que la acusación no mencionaLa acusación de Trump recupera el derribo hace tres décadas de cuatro avionetas en pleno periodo especial. La organización Hermanos al Rescate, que operaba en connivencia con las agencias de seguridad estadounidenses y estaba liderada por José Basulto —veterano de la CIA con participación documentada en la invasión de Bahía de Cochinos y en varios intentos de magnicidio contra Fidel Castro—, penetró el espacio aéreo cubano en 25 ocasiones durante los 20 meses previos al incidente. Cuba denunció sistemáticamente esos vuelos: las aeronaves sobrevolaron zonas pobladas y lanzaron miles de panfletos con llamadas a la insurrección.PublicidadLos vuelos no autorizados sobre el espacio aéreo cubano, generaron una fuerte reacción tanto del gobierno de la isla como de autoridades independientes. Incluso la FAA (la Administración Federal de Aviación) investigó a Basulto, evaluó retirarle la licencia de piloto y lo advirtió en repetidas ocasiones. No obstante, continuó volando pese a presentar planes de vuelo falsos.La noche del 23 de febrero de 1996, el responsable de asuntos cubanos de la Casa Blanca, Richard Nuccio, alertó por correo electrónico al asesor de Seguridad Nacional Sandy Berger de que Basulto tenía intención de volar al día siguiente: "Las tensiones dentro de Cuba son lo suficientemente elevadas como para que temamos que este incidente pueda finalmente inclinar a los cubanos a intentar derribar el avión o forzar su aterrizaje".Funcionarios de la Casa Blanca intentaron que la FAA bloqueara esos vuelos. La agencia se limitó a advertir a Basulto, una vez más, de que no entrara en el espacio aéreo cubano. Los documentos están desclasificados y son de acceso público en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.PublicidadEl incidente desencadenó una crisis diplomática grave, pero ningún gobierno hasta la fecha había utilizado lo ocurrido para formular cargos penales contra Cuba. En buena medida porque el expediente tenía flancos incómodos para Washington. En 1998, el desmantelamiento de la Red Avispa —la red de inteligencia cubana que durante años había infiltrado las principales organizaciones anticastristas de Miami, incluyendo al propio Hermanos al Rescate— sacó a la luz documentación que acreditaba vínculos de la organización con agencias de seguridad estadounidenses y ponía en entredicho su caracterización exclusivamente humanitaria. Gerardo Hernández, jefe de la Red Avispa en Miami y condenado a dos cadenas perpetuas por su papel en el derribo, escribió este miércoles que "si destapan la caja de Pandora, por fin saldrán a la luz muchas verdades y caerán muchos mitos".Una prueba de 20 años en un cajónEl audio por el que hoy se acusa a Castro, grabado en junio de 1996 durante un encuentro de Castro con periodistas cubanos en Holguín, fue publicado en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald. En la grabación se escucha: "La clave es que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso funcione. A cinco generales se les dieron las facultades. Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan, y no consulten". Explicaba en referencia a la operación que derribó las dos avionetas.No obstante, el audio llevaba dos décadas en circulación pública cuando el Departamento de Justicia decidió incorporarlo como prueba central de una acusación penal federal. Todd Blanche —fiscal general interino, uno de los antiguos abogados de Trump antes de incorporarse al Gobierno— presentó los cargos sin aclarar cómo pretende el Gobierno obtener la comparecencia de un nonagenario que reside en La Habana. Se limitó a señalar que Castro "pudiera presentarse por su propia voluntad o de otra manera", sin especificar el significado de esa última fórmula. Entre los acusados junto a Castro figuran el general Lorenzo Pérez Pérez y el piloto Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quien ya se encuentra bajo custodia en Estados Unidos a la espera de sentencia por fraude migratorio.El expediente y sus usosLa acusación no llega sola. Se produce una semana después de la visita del director de la CIA a La Habana, diez días después de nuevas sanciones contra empresas y doce altos funcionarios cubanos, y en el marco de un proceso negociador bilateral que ambos Gobiernos gestionan con extrema discreción. Los cargos contra Castro podrían proporcionar a Washington el pretexto para una operación de captura análoga a la que derrocó a Nicolás Maduro el 3 de enero —quien también enfrentaba cargos federales por narcotráfico— y dejan claro que la opción militar está sobre la mesa.Díaz-Canel lo había formulado en la conversación con este diario el 1 de mayo: Cuba está dispuesta al diálogo, pero "sin condicionamiento alguno y mucho menos con cuestionamiento al sistema político cubano". Una voluntad que Washington pone a prueba tras este movimiento.Estos cargos contra Castro se suman a otras piezas del mismo marco discursivo que la Administración Trump ha ido colocando desde su regreso al poder. El 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato, Trump revocó la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo que Biden había firmado solo seis días antes. Además, en las últimas semanas, funcionarios de la Administración han repetido en distintos foros que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.La acusación contra un nonagenario por hechos de hace 30 años, construida sobre un audio publicado hace 20, tiene escasas posibilidades de desembocar en un juicio eficaz. Lo que sí construye es un marco jurídico: si Castro es un prófugo acusado de homicidio, una operación para capturarlo puede presentarse como persecución penal y no como acto de guerra. La distinción no es semántica: un acto de guerra requiere autorización del Congreso; una operación de seguridad ejecutada bajo poderes de emergencia, no. El precedente venezolano mostró que ese modelo funciona. Trump, al bajar del Air Force One este miércoles, descartó "una escalada" pese a que desde hace meses asegura que Cuba "será la siguiente". La diferencia es que ahora tiene un expediente que podría justificar un movimiento militar.