La Fiscalía reformuló cargos en el denominado caso Goleada y sostuvo ante el juez Jairo García que la investigación ya no se centra en delincuencia organizada, sino en lavado de activos.Según la entidad, la presunta estructura habría operado desde 2021 mediante empresas relacionadas con la comercialización de combustibles, transferencias financieras, compra de bienes y movimientos societarios destinados a aparentar legalidad. En esa acción se habría incurrido en el uso de una empresa ‘fachada’ en Panamá y transferir propiedades para ‘ocultarlas’.La tesis fiscal apunta principalmente a Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez. PublicidadSegún la investigación, las empresas del grupo habrían sido utilizadas para comercializar combustible de contrabando y posteriormente mover los recursos obtenidos. En la práctica era supuestamente adquirir combustible con subsidio y venderlo, aprovechando la diferencia en el precio.Según la Fiscalía, entre 2021 y 2024 Aquiles Alvarez habría ejecutado una serie de compras, transferencias y movimientos societarios por cantidades millonarias.Fiscalía aseguró que supuestamente una de las modalidades de Aquiles Alvarez habría sido facturar combustible como lubricante para evitar controles y para ello se instruyó a las contadoras. “Por ello, en esa época no se evidencia facturación de combustible de Ternape S. A. a Corpalubri”, indicó.PublicidadPublicidadLa tesis de Fiscalía apunta que la última empresa registraba grandes compras de ese producto, pero no ventas a clientes finales.La entidad sostuvo que Corpalubri habría movilizado alrededor de 265.000 galones mensuales de combustible de “contrabando”.PublicidadDurante la audiencia, cuyos registros constan en el sistema judicial, el agente fiscal detalló movimientos, transacciones y compras millonarias que, según su versión, no guardarían relación con la actividad económica reportada.Entre ellas constan los siguientes movimientos:Aquiles Alvarez, como presidente de Fernanda S. A., adquiere terreno de 15 hectáreas en Villingota (Santa Elena) por $ 105.000.Instruye aumentar capital a Fernanda S. A. en $ 6.500 y reconoce a César B. el 20 % de participación accionaria de Copedesa S. A.Como presidente de Fernanda S. A. realiza la compra de gasolinera en El Cruce de Naranjal por $ 1,7 millones.Suscribe contrato privado de arrendamiento con promesa de compraventa de terreno en Huaquillas por $ 2’000.000.Adquiere terreno de tres hectáreas en colina de Ingota, en Santa Elena, por $ 2′000.000.A instancias de César B., Xavier Alvarez (gerente de Indudiésel S. A.) adquiere el centro de distribución Normaluz S. A. (Daule) por $ 350.000.Solicita desembolso de $ 650.000 de Fernanda S. A. a su cuenta personal de un banco privado para préstamo a una plataforma, además suscribe cheque de $ 600.000 de préstamos para Barcelona Sporting Club.Como presidente de Portalupe S. A. suscribe promesa de compraventa de terreno en hacienda Santa Mónica, en el cantón San Jacinto del Búa, por $ 1’800.000.Suscribe escritura pública para la construcción de gasolinera en Cerecita valorada en $ 2,3 millones.Alvarez y su esposa, Fiorella Icaza, suscriben compraventa de bien inmueble con Inmobiliaria Fiorema S. A. No se especifica valor.Como presidente de Inmobiliaria Fiorema S. A. suscribe compraventa de departamento y parqueadero en un edificio por $ 295.000.La Fiscalía además expuso que se habrían ejecutado transferencias por $ 715.000 desde cuentas de Ternape hacia cuentas personales de Aquiles Alvarez y además que instruyó cambiar de razón a Grupo Fronape/Berceas S. A. a grupo Alba III S. A. para “evitar que la empresa panameña sea vinculada a la estructura”.Estos movimientos enumerados por Fiscalía sobrepasan los $ 8 millones.PublicidadAdemás, Fiscalía expuso de transferencias de paquetes accionarios de Alvarez a Fernando V. E. y Andrés V. E. de Corpalubri por $ 1′500.000 y Ternape S. A. por $ 3′000.000 de capital, registradas en la Superintendencia de Compañías. También se dieron cambios de representación legal en Grupo Alba S. A. y otras firmas.Además, Fiscalía aseveró que Alvarez, como presidente de empresas, suscribió aumentos de capital basados en préstamos por $ 499.212 en Corpalubri; $ 450.000 en Ternape y $ 350.000 adicionales en Ternape.Según la investigación, esos movimientos formarían parte del supuesto esquema de lavado de activos.Xavier Alvarez, hermano de AquilesLa audiencia también reveló operaciones inmobiliarias en Samborondón, Manglaralto y Guayaquil. Según Fiscalía, varias compras supuestamente se realizaron sin financiamiento bancario y mediante transferencias entre empresas vinculadas. En el caso de Xavier Alvarez, la entidad señaló movimientos para financiar una vivienda en Manglaralto por $ 1,27 millones. Según Fiscalía, el dinero salió de cuentas de Ternape hacia una inmobiliaria relacionada.Además, por medio de empresas vinculadas, la Fiscalía indicó que habría registrado movimientos de compraventa de terreno en una urbanización en la isla Mocolí por $ 561.768 sin financiamiento bancario y compraventa de terreno en Los Ceibos por $ 120.000 sin financiamiento.Antonio Alvarez, hermano de Aquiles y presidente de BarcelonaA su vez, Antonio Alvarez, presidente de Barcelona, es señalado por Fiscalía de supuestamente colocar precios en el segmento naviero, “vendiendo diésel prémium por debajo del precio de Panamá e incluso por debajo del precio de terminal, y ampliando líneas de crédito hasta 120 días”.En sus indagaciones, Fiscalía lo vincula con firmas que adquieren gasolineras en Sevilla de Oro por $ 220.000 sin financiamiento bancario, terreno de 15 hectáreas en Villingota por $ 105.000, además de otro terreno de 5.760 m2 en la vía a Daule por $ 405.000 y, además, junto con su esposa, en la compraventa de terreno en isla Mocolí por $ 465.000, adicionalmente de la compraventa de una gasolinera en San Clemente por $ 570.000 y junto con Xavier, de suscribir contrato de compraventa de acciones de una empresa productora por $ 650.000.La investigación también incluye a Fernando P., César B., Pablo P., el asambleísta Raúl Chávez y otros procesados. Fiscalía sostiene que varios habrían participado como representantes legales, intermediarios o comisionistas dentro del supuesto entramado.Sobre Raúl Chávez, la entidad afirmó que recibió pagos y facturación por supuestos servicios profesionales que, según la tesis fiscal, en realidad corresponderían a comisiones por venta de combustible.La Fiscalía también expuso chats hallados en teléfonos y computadoras. En esos mensajes, según el expediente, se hablaba de pagos vinculados con controles aduaneros, transferencias y movimientos de bienes hacia empresas inmobiliarias.Otro de los elementos mencionados fueron cambios de accionistas y reformas societarias en empresas investigadas. Según la entidad, esos movimientos buscaban ocultar la relación de ciertas compañías con el supuesto esquema.Con base en esos elementos, la Fiscalía reformuló cargos por lavado de activos contra todos los procesados y solicitó prisión preventiva para la mayoría de ellos, además de la inmovilización de cuentas y la incautación de vehículos.Las defensas rechazaron la tesis fiscal y sostuvieron que no existen pericias financieras o contables que respalden la acusación. También argumentaron que las medidas cautelares ya habían sido revisadas previamente por un tribunal superior.Tras escuchar a las partes, el juez aceptó la reformulación de cargos y amplió la instrucción fiscal por 30 días. Sin embargo, mantuvo las medidas cautelares personales ya vigentes para los procesados. Para este 26 de mayo se prevé instalar la audiencia de vinculación contra seis personas más, incluyendo la esposa y madre de Aquiles Alvarez, así como empresas vinculadas al presunto delito. (I)