La Fiscalía General del Estado (FGE) declaró el cierre de la fase de instrucción fiscal en el denominado caso Goleada, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a su círculo familiar por el delito de lavado de activos. A través de un oficio enviado al juez de la Unidad Penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, Jairo García Mosquera, este 30 de junio, el fiscal de este caso, Dennis Villavicencio, notificó la finalización de esta etapa. En el documento, la Fiscalía repasa que la instrucción fiscal se extendió por 30 días desde la última audiencia de vinculación del pasado 30 de mayo, por lo que este plazo se cumplió el 29 de junio. PublicidadEn total transcurrieron 120 días de instrucción fiscal, tiempo máximo que puede extenderse esta etapa en un proceso penal, aunque el abogado de Raúl Chávez, uno de los procesados, Carlos Soria, observó que este plazo superó los 120 días y alcanzó los 133 días. En el escrito presentado ante el juez García, el fiscal no solicitó un día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, etapa en la cual la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio o abstentivo. El jurista explicó que en esta causa aún se deben atender solicitudes de incorporación de pruebas por parte de los sujetos procesales, por lo que estimó que un pedido de la Fiscalía para una diligencia preparatoria de juicio podría tardar un mes. PublicidadPublicidadComo una de las últimas diligencias que se realizaron en la etapa de instrucción fiscal estuvo la recepción del testimonio anticipado de José Ricardo Cevallos Avellán, procesado en el caso Triple A y testigo protegido en Goleada, quien trabajó con las empresas de Aquiles Alvarez y su familia. Asimismo, en este caso está pendiente la audiencia de revisión de medidas que solicitó Aquiles Alvarez y otros procesados, así como la Fiscalía. La diligencia fue convocada para el 3 de julio. Sobre el caso Goleada En este proceso se investiga el delito de lavado de activos e inició el pasado 10 de febrero de 2026, tras dos meses de investigación por una denuncia de un cooperador eficaz, José Cevallos Avellán ahora testigo protegido. Ese día, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en Guayas en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Como parte de esta intervención, la vivienda de Aquiles Alvarez fue allanada y se constató que no tenía el grillete electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares en el caso Triple A.Además del alcalde, en Goleada son investigadas otras 25 personas naturales y jurídicas (empresas), entre ellas sus hermanos, Antonio y Xavier, sus primos Fernando y Andrés Viteri, su esposa, Fiorella Icaza, y su madre, Gioconda Henriques. Un día después de los allanamientos, el 11 de febrero, el juez de la Unidad Penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado Jairo García Mosquera ordenó la prisión preventiva para cinco procesados, entre ellos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez, presentación periódica y prohibición de salida del país para otros cinco y arresto domiciliario para uno más. PublicidadEl 12 de febrero, el alcalde fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde estuvo hasta el 9 de marzo, fecha en la que fue trasladado, por razones de seguridad, hacia la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, donde permanece actualmente. Los hermanos del alcalde salieron en libertad el 2 de abril, luego que un tribunal levantó la medida para Aquiles, Xavier y Antonio, pero el alcalde permaneció detenido debido a una orden de prisión preventiva por el caso Triple A. Luego, el 27 de marzo, la Fiscalía vinculó al proceso a Raúl Chávez, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y amigo de Alvarez y el juez dispuso la prisión preventiva, sin embargo, el legislador dijo que se defenderá en libertad y se desconoce su paradero. Si bien la investigación se inició por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, el 14 de mayo pasado la Fiscalía reformuló cargos por la presunta comisión de lavado de activos.Tras cambiar los cargos, la institución repasó que el caso se inició a partir de “una denuncia que señaló que un grupo de personas estaría conformando una estructura delictiva que operaría desde 2021, cometiendo, presuntamente, delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo, entre otros, ocasionando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano.Fiscalía sostiene que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar habrían conformado una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras derivadas de la supuesta comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.Según la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que se debía despachar a embarcaciones de bandera nacional; sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener dineros indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos“.La investigación sostiene que el alcalde de Guayaquil habría dado instrucciones para cambiar la facturación de combustible por lubricante, con el fin de que no se evidencien estos movimientos presuntamente ilegales.El pasado 30 de mayo, tras una nueva audiencia de vinculación, el juez Jairo García dictó medidas cautelares para las siguientes personas naturales: presentación periódica en el consulado de Miami, en Estados Unidos, para la madre del alcalde, Geoconda Henriques; prohibición de salida del país y presentación periódica para su esposa, Fiorella Icaza, y su excontadora Éricka Vélez; y prisión preventiva para Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos de Alvarez.Tras la orden de prisión preventiva, el magistrado dispuso a la Policía Nacional que proceda con la inmediata localización y captura de Andrés y Fernando Viteri; este último tiene la condición de prófugo, declarada por el tribunal del caso Triple A. La defensa de los hermanos Viteri presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva, que deberá resolver la Sala Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. (I)