Contenido automatizadoGobierno ordena vigilancia financiera. Foto: ISTOCK21.05.2026 10:04 Actualizado: 21.05.2026 10:04
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado martes 19 de mayo una orden ejecutiva que obliga a las entidades bancarias y a los reguladores financieros a examinar con mayor rigurosidad la ciudadanía y el estatus legal de sus clientes.El decreto, divulgado formalmente el 20 de mayo de 2026, instruye a los departamentos gubernamentales a detectar indicios de personas sin autorización legal que abren cuentas corrientes, solicitan préstamos o adquieren tarjetas de crédito. La Casa Blanca justificó la implementación de esta medida bajo el argumento de prevenir riesgos crediticios para el sistema financiero ante la posibilidad de que los clientes extranjeros inadmisibles sean deportados y no puedan saldar sus deudas. LEA TAMBIÉN Migrantes quedarían bajo supervisión. Foto:ISTOCKAlcance técnico de la regulación y reacción del sectorA pesar de las expectativas de la industria bancaria, el texto final del decreto presidencial resultó menos restrictivo de lo previsto. Informes preliminares del gobierno sugerían la redacción de una normativa que haría estrictamente obligatoria la recopilación sistemática de datos de ciudadanía para cada usuario.La orden ejecutiva final delega en los departamentos del gobierno y en los reguladores sectoriales la búsqueda de patrones e indicios, en lugar de imponer una carga operativa total e inmediata a las instituciones financieras.Debido a que las entidades bancarias en Estados Unidos no han registrado históricamente el estatus migratorio o la ciudadanía de sus clientes, no existen datos públicos consolidados que midan el nivel de riesgo real que representa este sector de la población para la estabilidad financiera del país. LEA TAMBIÉN Medida apunta a créditos y cuentas. Foto:ISTOCKRestricciones en el mercado de créditos e hipotecasEl impacto de la medida se concentra de manera particular en el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), un documento emitido por el servicio de impuestos que suelen emplear los trabajadores indocumentados en sustitución del número de Seguro Social. De acuerdo con estimaciones del Urban Institute, la asignación de créditos hipotecarios bajo esta modalidad es marginal, calculando entre 5.000 y 6.000 hipotecas vigentes con ITIN a nivel nacional, debido a la renuencia histórica de los bancos y de las empresas estatales Fannie Mae y Freddie Mac para asegurar dichos préstamos.Esta disposición ejecutiva se suma a la estrategia fiscal adoptada en noviembre pasado por el Departamento del Tesoro, la cual reclasificó ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios públicos federales". Dicha modificación restringe el acceso a estos incentivos a los contribuyentes inmigrantes, afectando principalmente a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a los extranjeros con Estatus de Protección Temporal (TPS), aun cuando cumplan con la presentación de declaraciones y el pago regular de sus obligaciones tributarias.*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación. Además, contó con la revisión del periodista y un editor.KATHERINE BRAVO HERNÁNDEZ REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL EL TIEMPOMás noticias en EL TIEMPO Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
