La Administración de Donald Trump no quiere dejar ningún flanco abierto en su ofensiva contra los migrantes. Ahora le toca al sector financiero. El presidente republicano emitió este martes una orden ejecutiva para que los bancos averigüen el estatus migratorio de sus clientes. El objetivo es impedir que los extranjeros sin residencia permanente puedan abrir cuentas o acceder a préstamos y tarjetas de crédito. La orden es menos severa que lo que se esperaba, porque insta a los bancos a recopilar la información, pero no los obliga. Durante meses, el Gobierno había anunciado que planeaba exigir a las entidades financieras la obtención de los datos migratorios de sus clientes, pero los bancos hicieron presión política para evitarlo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el mes pasado que “debería haber normas más estrictas” para la apertura de cuentas bancarias. “¿Por qué pueden venir extranjeros desconocidos y abrir una cuenta bancaria?”, cuestionó Bessent. El sector bancario criticó que la medida resultaría muy costosa y conllevaría una cantidad ingente de trámites administrativos. Para justificar la orden, Trump alertó de los riesgos que se avecinan para el sistema financiero si conceden préstamos a personas que acabarán deportadas y, por tanto, no podrán hacer frente a sus deudas. “Mi Administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados ​​por actividades financieras transfronterizas ilícitas, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a expulsión”, establece la orden.Dado que los bancos nunca han recopilado información alguna sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas fiables sobre el nivel de riesgo que estos clientes representan para el sistema financiero.Un estudio realizado por el Urban Institute estimó que se otorgaron entre 5.000 y 6.000 hipotecas a clientes que poseían un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Por lo general, estos ITIN son utilizados por trabajadores indocumentados en lugar del número del Seguro Social. Según este instituto, los bancos y las entidades de hipotecas son reacios a conceder créditos a las personas que poseen un ITIN, informa AP.El requisito de determinar el estatus migratorio provocaría que millones de personas quedasen fuera del sistema bancario, según los expertos. Para la Casa Blanca, que acostumbra a equiparar migrantes indocumentados con delincuentes, su acceso a los servicios financieros favorece las actividades delictivas. “Incluso la prestación de los servicios financieros más básicos, en ausencia de prácticas adecuadas de ‘conozca a su cliente’, puede ser objeto de abuso para facilitar la financiación de actividades que representan amenazas significativas para la seguridad nacional y la seguridad pública. Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer actos de financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilícitas”, dice el texto de la orden.Expertos en materia fiscal han advertido que la revelación de los datos migratorios a las autoridades va a afectar en gran medida a los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que llevan décadas en el país, y a los migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS). En ambos casos, los migrantes están sufriendo la persecución de la Administración para que abandonen el país.