La Generalitat ha culminado la prueba piloto que puso en marcha en las prisiones de Brians 1 y 2, dos de las tres mayores cárceles catalanas, para impedir que drones entraran en sus instalaciones con el objetivo de introducir droga, teléfonos móviles y, en algunos casos, armas blancas. El resultado del plan ha sido “positivo”, según explica el Departamento de Justicia, y han sido inhibidas todas las aeronaves teledirigidas que han invadido el perímetro de los dos recintos de Sant Esteve Sesrovires. El Departamento que dirige Ramon Espadaler se niega a cuantificar los aparatos receptados, pero asegura que no ha sido una gran cantidad. Fuentes sindicales rechazan esa versión y afirman que han sido detectados más de los esperados, según les han comunicado sus interlocutores de políticas penitenciarias en reuniones previas.En una reunión celebrada con los sindicatos este miércoles, el Govern comunicó que extenderá ese plan a tres nuevos centros. Por motivos de seguridad, no tiene intención de desvelar cuáles serán las próximas prisiones donde situará los inhibidores, si bien su Plan integral de Seguridad Penitenciaria estima tener todas las prisiones con sistemas de detección e interceptación en 2027. Según informó en octubre pasado, la intención de la prueba, compartida con Mossos d’Esquadra, era detectar los drones y dejarlos sin control para que si entraban en prisión pudieran cogerlos los funcionarios. Asimismo estaba previsto poder detectar al piloto de los aparatos, en el exterior del recinto penitenciario. Un portavoz de Justicia explica que además de drones detectados con finalidades criminales, también se han inhibido otros de particulares y de alguna compañía próxima cuyo objetivo no era la prisión, sino las propias instalaciones corporativas. La aparición de drones, contempla como un grave problema de seguridad, fue contemplada por primera vez en Instituciones Penitenciarias (del Gobierno español) en 2017. Justicia advierte de que si bien la prueba piloto ha funcionado correctamente, la amenaza de los drones “es dinámica y cambiante”, dados los avances tecnológicos, por lo que se prevé hacer un seguimiento también de su evolución para que el éxito de la inhibición mantenga los niveles actuales. El control de drones ha sido una continua reivindicación de los sindicatos desde hace meses, que ven en ellos una amenaza que se suma a los conflictos diarios con los funcionarios penitenciarios. UGT denunció en septiembre pasado que se había hallado un paquete con estupefacientes y teléfonos móviles en el parterre de un módulo de Brians 2. Asimismo los sindicatos han demandado la incorporación en los accesos de las prisiones escáneres corporales como los presentes en los aeropuertos para maximizar la seguridad dentro de los recintos penitenciarios e inhibidores de teléfonos móviles, que están prohibidos para los internos.En la reunión de ayer, se informó la voluntad de instalar dos escáneres por centro, uno en la zona de ingresos y otro en la zona interna de comunicaciones de internos. En lo que se refiere a los inhibidores de teléfonos móviles, no se podrá implantar el sistema hasta 2027, ya que se está intentando cerrar un nuevo contrato para encontrar la empresa que ofrezca el servicio. Mientra tanto, la población reclusa en las cárceles catalanas no para de crecer y a 20 de mayo era de 9.269 presos, cuando en 2021 era de 7.700. Dentro de su plan integral, el Govern anunció en otoño pasado su intención de construir dos nuevos módulos para 256 nuevas plazas en la prisión de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona). Además están pendientes el centro abierto de la Zona Franca, previsto para el segundo semestre de este año, y una prisión para mujeres, cuya apertura tendrá que esperar al menos hasta 2029.