Los vecinos de Montecarmelos están de celebración. La euforia ha llegado este miércoles a las 19.47 en el grupo de WhatsApp de la Plataforma No Al Cantón. El mensaje del abogado era corto y contundente: el juez ordena paralizar de forma inmediata las obras del cantón. Este jueves, desde primera hora, los vecinos han empezado a acercarse a la parcela solo para comprobar que, por fin, las máquinas estaban quietas. “Lo han parado. Lo han parado”, repetían. “Hoy hay justicia”, celebraba un vecino. “Tres años diciéndoles que así no se pueden hacer las cosas, que las normas están para cumplirlas”, añadía otro, todavía incrédulo mientras celebraba poder ver a los niños jugar tranquilos en el patio del colegio alemán que está a solo 50 metros de la zona donde se han paralizado las obras del cantón. La Policía Municipal ha aparecido poco después para realizar una inspección rutinaria. Ese ha sido el momento en el que el presidente de la plataforma vecinal ha aprovechado para entregar a los agentes una copia del auto judicial. Los policías, después de revisar el documento, han asegurado que pasarán más a menudo por la zona para asegurarse de que se cumpla el dictamen de paralización de obras del juez. El escrito, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid y al que ha tenido acceso este medio, ha ordenado la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón de limpieza proyectado en el barrio madrileño de Montecarmelo al apreciar posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y al considerar que continuar con la ejecución podría provocar perjuicios “de difícil reparación”. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid está analizando con los servicios jurídicos municipales la posible presentación de un recurso de apelación.En el auto el magistrado estima la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo contra el decreto municipal de 3 de junio de 2025 que aprobó el proyecto técnico para la construcción del cantón en la Avenida de Montecarmelo. La resolución acuerda “la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato” y establece que la medida se mantendrá hasta que exista sentencia firme o hasta la finalización del procedimiento judicial. La Asociación de Afectados había pedido la paralización tanto del cantón de limpieza como de la base del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) prevista en el proyecto técnico del Ayuntamiento. En abril de 2025, otro juzgado ya declaró la nulidad de ese mismo proyecto tras una demanda presentada por el Colegio Alemán de Madrid, situado a apenas algo más de 50 metros de la parcela. La justicia consideró entonces que se trataba de una instalación industrial —con taller de reparación de vehículos pesados, gasolinera, puntos de carga para coches eléctricos y actividades de evaluación de residuos— que requería obligatoriamente un estudio de impacto ambiental.Ese carácter industrial del cantón ha sido el centro del conflicto. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida lo ha negado durante meses, pese a que así aparece recogido en el propio proyecto técnico municipal. Los vecinos llevan años acusando al Consistorio de jugar al equívoco. El último episodio terminó de romper cualquier confianza. El concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, aseguró en un pleno del distrito el pasado 12 de marzo que el Ayuntamiento renunciaba a instalar el SELUR en Montecarmelo y que en la parcela solo quedarían unas pequeñas instalaciones para los operarios de limpieza del barrio. Los residentes pidieron entonces que el compromiso quedara por escrito. Nunca ocurrió.Un mes después, el Ayuntamiento presentó ante el juez exactamente el mismo proyecto. Sin modificaciones. “Esas supuestas modificaciones nunca existieron”, denuncian ahora desde la plataforma.La resolución supone un nuevo revés para el área de Urbanismo que dirige Borja Carabante y, especialmente, para Almeida, que pasó de una postura conciliadora a acusar públicamente a los vecinos de difundir “leyendas y mentiras” y de intentar “asustar” a la ciudadanía. El alcalde llegó incluso a ironizar diciendo que los afectados hablaban del cantón “como si fuera Chernóbil”.Pero el juez sí aprecia indicios sólidos de posible nulidad administrativa. El auto habla incluso de una “actitud errática” por parte de los responsables políticos, que “han anunciado cambios de singular calado en el proyecto” sin que estos se hayan materializado.La justicia también advierte del riesgo de continuar las obras mientras se resuelve el procedimiento. Los vecinos llevan meses denunciando que el Ayuntamiento intenta avanzar lo máximo posible para convertir el proyecto en irreversible antes de que exista una sentencia definitiva. El juez recoge ahora ese temor negro sobre blanco: continuar las obras podría generar “un extraordinario desembolso de dinero” que acabaría siendo “malgastado” si finalmente la justicia determina que el cantón no puede construirse allí. Desde febrero, las excavadoras y perforadoras habían vuelto a Montecarmelo. Hasta este jueves. No obstante, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha defendido la legalidad del cantón de Montecarmelo pese al auto judicial que ha ordenado paralizar cautelarmente las obras. “Respetamos este auto judicial”, ha afirmado, aunque ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene que la infraestructura “es necesaria, imprescindible y conforme a derecho”. Según ha explicado, el Consistorio ordenó a la empresa concesionaria Urbaser suspender “de manera inmediata” los trabajos y garantizar la seguridad de la parcela tras conocer la resolución judicial. Carabante ha sostenido además que el proyecto ya había sido modificado atendiendo a las exigencias vecinales: “No iba a haber tratamiento de residuos, ni taller mecánico, ni acopio de sal”, ha asegurado, limitando el uso del espacio a vestuarios, almacenes y pequeñas oficinas. El delegado ha defendido también la continuidad del parque asociado al proyecto, cuyas obras “no se van a suspender”, con una inversión de 2,9 millones de euros.Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha asegurado que se trata de “una sentencia más que pone en su sitio al señor Almeida”, al dar la razón tanto a los vecinos como a los grupos que venían denunciando irregularidades. Maroto ha acusado al alcalde de “mentir, manipular y engañar” y le ha instado a pedir perdón, al tiempo que ha defendido que el Consistorio ya fue advertido de que la tramitación no era correcta y debía haber buscado una nueva ubicación. Le ha pedido además que no recurra la resolución judicial. En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha cargado contra el Ayuntamiento por haber impulsado, a su juicio, un proyecto sin garantías básicas al sostener que carece de licencia urbanística, informe de impacto ambiental y protección suficiente para los menores de los centros cercanos. Maestre ha reiterado que su grupo llevaba años advirtiendo de que este tipo de instalación no debía ubicarse junto a viviendas y colegios, ha reprochado al Gobierno municipal haber actuado con “prisa” y de forma “cutre”, y ha exigido al alcalde que rectifique, busque una alternativa y “deje en paz” a los vecinos del barrio.