El aplazamiento de la elección judicial es una buena noticia. No porque con ello se corrijan automáticamente los problemas de la reforma, sino porque todavía hay tiempo para corregirlos. Y en un país donde muchas veces los errores se convierten en destino, eso no es poca cosa. Durante meses se repitió que elegir jueces por voto popular era, por sí mismo, un avance democrático. La frase suena bien. El problema es que la justicia no funciona sólo con frases. Elegir a una persona juzgadora no es lo mismo que elegir a un diputado, a un alcalde o a un gobernador. Un juez no debe conquistar simpatías. Debe saber derecho, resistir presiones, decidir con independencia y explicar sus sentencias. La justicia necesita legitimidad, sí. Pero también necesita conocimiento, prudencia y carácter. Si falta cualquiera de esos elementos, el voto puede terminar legitimando lo que justamente debía evitarse: jueces débiles, dependientes o improvisados. Por eso el cambio de fecha, de 2027 a 2028, es más de lo que parece. No es solamente mover el calendario. Es abrir una pausa para mirar con calma lo que salió mal y lo que podía salir peor. La primera evidencia fue clara: demasiados nombres, boletas difíciles, poca información para la ciudadanía, criterios de evaluación desiguales y el riesgo de que la elección judicial terminara atrapada por las mismas prácticas políticas que decía combatir. Una reforma judicial mal diseñada puede dañar más que ayudar. Puede acercar las urnas a los tribunales, pero alejar la justicia de la gente. Porque si el ciudadano no sabe por quién vota, si los candidatos dependen de apoyos políticos, si los filtros son simulados o si la boleta se vuelve incomprensible, entonces el voto deja de ser una garantía y se convierte en una coartada. La democracia no consiste sólo en votar. Consiste en poder decidir con información, libertad y sentido. Ahí está el verdadero valor de la pausa: no aplazar por aplazar, sino aplazar para corregir. Corregir significa revisar en serio los comités de evaluación. Que no sean ventanillas políticas, sino filtros reales. El examen de conocimientos, la trayectoria, los antecedentes, la buena fama pública y la capacidad profesional no pueden ser adornos. Deben ser condiciones efectivas para llegar a una boleta. Corregir también significa simplificar. Una boleta que nadie entiende no fortalece la democracia; la debilita. Reducir candidaturas, ordenar especialidades y ofrecer información clara no es un asunto menor. Es la diferencia entre votar y adivinar. Y corregir exige blindar la elección frente a partidos, gobiernos y grupos de poder. Una elección judicial no puede ser una campaña más. Si los jueces llegan endeudados con quienes los impulsaron, la independencia será discurso, no realidad. Y sin independencia judicial perdemos todos: la víctima, el inocente, el trabajador, el empresario y el ciudadano común. El aplazamiento debe servir para pasar de la propaganda al diseño institucional. Para escuchar las evidencias. Para admitir que la justicia no mejora con prisa, sino con reglas claras. Aplazar no es fracasar. Es la única forma responsable de evitar un fracaso mayor. En materia judicial, corregir a tiempo no es debilidad. Es sentido de Estado. Abogado penalista. X: @JorgeNaderK Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Aplazar para corregir, escribe Jorge Nader Kuri
El aplazamiento de la elección judicial es una buena noticia. No porque con ello se corrijan automáticamente los problemas de la reforma, sino porque todavía hay tiempo para corregirlos. Y en un país donde muchas veces los errores se convierten en destino, eso no es poca cosa. Durante meses se repitió que elegir jueces por voto popular era, por sí mismo, un avance democrático. La frase suena bien. El problema es que la justicia no funciona sólo con frases. Elegir a una persona juzgadora no es lo mismo que elegir a un diputado, a un alcalde o a un gobernador. Un juez no debe conquistar simpatías. Debe saber derecho, resistir presiones, decidir con independencia y explicar sus sentencias. La justicia necesita legitimidad, sí. Pero también necesita conocimiento, prudencia y carácter. Si falta cualquiera de esos elementos, el voto puede terminar legitimando lo que justamente debía evitarse: jueces débiles, dependientes o improvisados. Por eso el cambio de fecha, de 2027 a 2028, es más de lo que parece. No es solamente mover el calendario. Es abrir una pausa para mirar con calma lo que salió mal y lo que podía salir peor. La primera evidencia fue clara: demasiados nombres, boletas difíciles, poca información para la ciudadanía, criterios de evaluación desiguales y el riesgo de que la elección judicial terminara atrapada por las mismas prácticas políticas que decía combatir. Una reforma judicial mal diseñada puede dañar más que ayudar. Puede acercar las urnas a los tribunales, pero alejar la justicia de la gente. Porque si el ciudadano no sabe por quién vota, si los candidatos dependen de apoyos políticos, si los filtros son simulados o si la boleta se vuelve incomprensible, entonces el voto deja de ser una garantía y se convierte en una coartada. La democracia no consiste sólo en votar. Consiste en poder decidir con información, libertad y sentido. Ahí está el verdadero valor de la pausa: no aplazar por aplazar, sino aplazar para corregir. Corregir significa revisar en serio los comités de evaluación. Que no sean ventanillas políticas, sino filtros reales. El examen de conocimientos, la trayectoria, los antecedentes, la buena fama pública y la capacidad profesional no pueden ser adornos. Deben ser condiciones efectivas para llegar a una boleta. Corregir también significa simplificar. Una boleta que nadie entiende no fortalece la democracia; la debilita. Reducir candidaturas, ordenar especialidades y ofrecer información clara no es un asunto menor. Es la diferencia entre votar y adivinar. Y corregir exige blindar la elección frente a partidos, gobiernos y grupos de poder. Una elección judicial no puede ser una campaña más. Si los jueces llegan endeudados con quienes los impulsaron, la independencia será discurso, no realidad. Y sin independencia judicial perdemos todos: la víctima, el inocente, el trabajador, el empresario y el ciudadano común. El aplazamiento debe servir para pasar de la propaganda al diseño institucional. Para escuchar las evidencias. Para admitir que la justicia no mejora con prisa, sino con reglas claras. Aplazar no es fracasar. Es la única forma responsable de evitar un fracaso mayor. En materia judicial, corregir a tiempo no es debilidad. Es sentido de Estado. Abogado penalista. X: @JorgeNaderK Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
