Opinión
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AlephEse PODRÍA es un criterio de discrecionalidad que asusta.
La iniciativa #6430, que luego se convirtió en el decreto 10-2026 el 14 de abril de este año, nació con las mejores intenciones, sin duda, pero se torció en el camino y, al final, no solo perdió los colmillos, sino que terminó atentando contra las y los mismos adolescentes que buscaba proteger. Por eso, y a petición de varias organizaciones, personas y sectores que rechazaron la versión final de la ley, fue leída en el Ejecutivo y vetada por el presidente Arévalo.
Cuando aún era iniciativa, supimos que las reformas propuestas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas buscaban llenar un vacío legal que permitía a las personas adultas sostener relaciones sexuales con adolescentes de 14 a 17 años, sin calificar tal hecho como un delito, si era consentido por ambas partes y no había pruebas de violencia. Hasta allí, de acuerdo con que se legislara ese lamentable vacío. Incluso el Comité de los Derechos del Niño y otros organismos internacionales expresaban preocupación por ello.
