Liberal sin neoComparte domicilio con “El Mayo” Zambada y Nicolás Maduro.
El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra diez funcionarios mexicanos de alto nivel, imputados de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos millonarios. El anuncio hecho por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y el administrador de la DEA marcó una escalada judicial sin precedentes contra la clase política mexicana. Los fiscales sostienen que funcionarios estatales filtraban operativos, protegían rutas, utilizaban estructuras policiales contra grupos rivales y recibían pagos periódicos.
Los diez acusados son todos funcionarios actuales o anteriores del estado de Sinaloa. El más prominente es Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, a quien se acusa de haber recibido el respaldo de Los Chapitos —facción del Cártel de Sinaloa— para ganar las elecciones estatales de 2021, a cambio de protección y complicidad. Le acompañan un senador activo, varios ex secretarios de Estado, exjefes policiales y un fiscal adjunto.
Un detonante fue la cooperación de Ismael el Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, con la justicia estadounidense. Sus declaraciones corroboraron lo que Edgardo Buscaglia lleva años describiendo como “mafiocracia”, un sistema político capturado por redes criminales, donde distintas organizaciones se reparten diferentes partes del Estado. En el caso presente se invoca otro término: un “maxiproceso”, que evoca los grandes juicios con los que la justicia italiana desmanteló la Cosa Nostra en los años noventa. La lógica no parece ser la de un único juicio mediático, sino la de una secuencia encadenada de expedientes donde cada testigo alimenta el siguiente caso. Según analistas, el proceso avanzaría de Sinaloa hacia Sonora, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Durango y más allá.
