La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen para reestructurar la Procuraduría General del Estado (PGE). Esta entidad es duramente cuestionada al ser encabezada por María Aurora Caruajulca Quispe, procuradora general que, hasta el momento, no ha denunciado a ningún alto funcionario pese a ser su principal función. Únete a nuestro canal de política y economía Caruajulca se mantendrá en el cargo debido a que se eliminó la disposición complementaria que planteaba la designación de un nuevo Consejo Directivo. Además, el dictamen aprobado plantea que el próximo procurador general sea elegido mediante un concurso público a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). TE RECOMENDAMOS¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA, INVESTIGADO POR EL PJ! Y ENCUESTA DE IPSOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS Al finalizar el debate sobre la modificación de la ley para reemplazar al Consejo Directivo de la PGE, el presidente de la comisión, Flavio Cruz Mamani, protegió a María Aurora Caruajulca Quispe, luego de que el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, alegara a favor de retirar la medida que ordenaba cambiar a la directiva de la institución. “(…) los funcionarios que ejercen cargos corporativos o con plazos fijos solo pueden ser removidos antes de su vencimiento por la omisión de faltas graves o causales de vacancia explicita (…) el cese del funcionario generaría un precedente negativo y afectaría nuestra seguridad jurídica, así que le pido que esto pueda ser retirado”, sostuvo durante la sesión. De esta manera, Muñante frenó la salida de Caruajulca, a pesar de que ella ya cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia. En diálogo con La República, el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu calificó esta medida como un favorecimiento político. “Sin duda que la beneficia. (…) Lo que ha hecho el congresista Muñante, introduciendo esa supresión, ha sido básicamente blindar a una persona que ha hecho de esta Procuraduría un fracaso absoluto”, señaló. Además, Arbizu agregó que la jefa de la PGE responde a intereses ajenos a su función institucional. “La señora en lugar de ser la procuradora, es la abogada del pacto mafioso”. Controversia sobre la gestión de la PGE El cuestionamiento a la permanencia de Caruajulca se remonta a mayo del 2024, cuando fue repuesta en el cargo. En ese momento, la funcionaria omitió informar al Ministerio de Justicia que afrontaba una investigación penal formalizada. En esa línea, se vulneró de forma directa el artículo 15, numeral 7, de los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, el cual prohíbe asumir el puesto a quien registre "procesos pendientes con el Estado”. Esa investigación en la Fiscalía avanzó hasta las instancias judiciales, donde el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte resolvió declarar su responsabilidad penal por “el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, lo que representa una causal de vacancia que el Congreso decidió ignorar. Al respecto, Arbizu calificó como grave mantener en funciones a una autoridad con este perfil legal. “Esa sola condena debería dar lugar a su vacancia, pero ya vemos que una funcionaria negligente como esta es perfectamente funcional a los intereses criminales de algunos congresistas”, sentenció el exprocurador. La postura de Gladys Echaíz ante los cuestionamientos Frente a las críticas por la permanencia de la procuradora general en su puesto, la congresista Gladys Echaíz rechazó cualquier tipo de blindaje por parte del Parlamento y apuntó que los problemas de la institución vienen desde su origen. Según explicó, el diseño original de la entidad no fue evaluado correctamente en el Congreso. "Esa conformación de la institución no se analizó a la hora de trabajarla”. Además, señaló que el problema es político. "Esa designación a través del Ejecutivo genera problemas internos" y provoca peleas donde "el Poder Político interviene". Para explicar por qué se retiró la medida que terminaba con la gestión de la procuradora, Echaíz mencionó que el cambio rige desde su publicación en adelante. “La nueva ley no tiene efecto retroactivo”, agregó. El debate sobre procuradurías locales y regionales Durante el debate de la comisión, se manifestó la necesidad de devolverles la autonomía a los gobiernos regionales y municipales en la designación de sus procuradores. La propuesta busca disminuir el centralismo de la PGE, el cual obliga a los defensores locales a solicitar autorizaciones constantes a la sede central, hecho que aumenta la burocracia. A raíz de este escenario, la congresista Gladys Echaíz cuestionó el vacío normativo con relación al incumplimiento de las funciones del procurador. “¿Qué pasaría cuando se rehúsan al cumplimiento de sus funciones, qué pasaría con ellos, sería una causal de cese?”. Por su parte, el legislador Jorge Morante cuestionó la incorporación de los procuradores del Estado al régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), al afirmar que esta transición ha burocratizado y complicado las operaciones del sistema. “El paso al sistema SERVIR a los procuradores los ha complicado muchísimo, el sistema deberíamos cambiarlo de SERVIR a 'inservir' porque no ha cumplido las funciones que tiene desde hace varios años”, manifestó Morante. Asimismo, criticó que el actual marco normativo mantenga a "procuradores designados por la PGE que no los puede mover nadie". Nuevas disposiciones Durante la sesión, el presidente de la comisión, Flavio Cruz, sustentó el predictamen que incluye la modificación del Consejo Directivo de la PGE. De acuerdo con el parlamentario, la iniciativa busca garantizar la autonomía y la meritocracia, debido a que se han evidenciado deficiencias institucionales y vacíos normativos que han afectado el sistema. “Entre los principales problemas identificados destacan la inestabilidad del Consejo Directivo y la designación del PGE, la persistencia de criterios discrecionales a los procesos de reasignación y remoción. La acefalia de procuradurías regionales y municipales, la ausencia de informes de evaluación y ratificación, así como la necesidad de precisar las competencias de la PGE y las entidades constitucionalmente autónomas”, señaló el presidente de la comisión. Cruz explicó que la propuesta plantea que el procurador general sea elegido por concurso público a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que el Consejo Directivo ejerza un mandato de 5 años. Además, se incorporan reformas operativas de fondo. Entre ellas destaca el artículo 31-A, el cual introduce un procedimiento de evaluación cualitativa y cuantitativa para la ratificación de procuradores bajo criterios de meritocracia. Asimismo, para solucionar el desabastecimiento de defensores en el interior del país, se creó la figura del procurador público provisional, un cargo temporal coordinado por el procurador general. El texto aprobado también precisa que las procuradurías del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, la Sunat y la Superintendencia del Mercado de Valores mantendrán independencia administrativa en sus procesos de selección. Además, se modificó el artículo 33 para permitir que los procuradores, de forma motivada, decidan no apelar o impugnar resoluciones judiciales que ya cuenten con precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, con lo que se reduce la alta litigiosidad del Estado. El proyecto también cambia el artículo 50, al separar el rol político del Ministerio de Justicia del rol técnico procesal de la PGE en litigios internacionales y soluciones amistosas supranacionales.