El conflicto entre los médicos y el Gobierno sigue igual o más vivo incluso que el primer día. Decenas de facultativos se han concentrado este miércoles frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, en la cuarta y -por ahora- penúltima semana de huelga del año, para reivindicar un estatuto propio y denunciar la falta de voluntad de diálogo que perciben por parte de la ministra Mónica García, que se encuentra actualmente en una cumbre de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El enfrentamiento se ha enquistado ya ante la ausencia de un acuerdo entre ambas partes, lo que hace que, mes a mes, siga engrosándose la lista de citas médicas y operaciones quirúrgicas canceladas que ya suman cientos de miles en todo el territorio nacional.Como en convocatorias anteriores, las cifras oficiales de seguimiento que dan las consejerías apenas superan el 20% (menos en Andalucía, que está en torno al 28%), lejos del 80% del que hablan los sindicatos convocantes. Aun así, el efecto asistencial y económico acumulado desde el inicio de los paros es cada vez mayor, y amenaza con agravarse aún más, pues el Comité de Huelga ya ha asegurado que, si no llegan a un acuerdo próximamente, la huelga pasará a ser general e indefinida a la vuelta del verano. Según el calendario de movilizaciones, una vez termine esta semana, queda una última jornada de huelgas en el mes de junio, del 15 al 19. Pese a que es complicado hacer la comparativa entre territorios, porque cada autonomía da unos datos distintos del impacto de la huelga (algunas informan de las cancelaciones de la última jornada, otras la cifran desde diciembre y otras desde febrero), en prácticamente todas se alerta de las citas suspendidas a raíz de la huelga, incluso a pesar de los servicios mínimos "abusivos" que denuncian las organizaciones. En la Comunidad de Madrid, la consejera Fátima Matute dijo el martes que, en un total de 22 días de paros desde diciembre, se habían suspendido 8.904 cirugías, 180.836 consultas y 18.877 pruebas diagnósticas, lo que estima que supone un impacto económico de más de 13,9 millones de euros. En Andalucía se supera el millón de consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias canceladas desde el inicio del conflicto, y la Consejería de Salud habla de un coste económico de más de 150 millones de euros. La Comunidad Valenciana, por su parte, informó de más de 200.000 citas canceladas en el último periodo de huelgas; mientras en el País Vasco se habrían cancelado 145.000 citas con especialistas. La Rioja sitúa el balance global en torno a 30.800 actos suspendidos, incluidos unos 800 procedimientos quirúrgicos.Los sindicatos piden el cese de la ministraDurante la concentración de este miércoles, los sindicatos han recriminado a la ministra que viaje a Ginebra (Suiza) a la Asamblea Mundial de la Salud. "Estamos viviendo la huelga médica y facultativa más prolongada de la historia reciente de España y la ministra está en Ginebra a sus cosas de la OMS. Los fines de semana los pasa haciendo campaña para aspirar por tercera vez a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Está claro que necesitamos un ministro o una ministra de carácter técnico que esté centrado en los problemas de la sanidad y del Sistema Nacional de Salud", ha subrayado en declaraciones a los medios Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, el sindicato con mayor representación entre el colectivo médico. Como en ocasiones anteriores, los sindicatos han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que meta mano en el asunto y se encargue personalmente del conflicto para encontrar una solución cuanto antes. "Es tiempo de que dé la cartera ministerial a otra persona", ha defendido la portavoz, que ha pedido a Sánchez que ponga al frente a alguien capaz de llegar a acuerdos "con sus socios de gobierno y con el resto de ministerios, con las comunidades y con los profesionales en su conjunto, sin dejar apartado a ninguno".La huelga médica convocada en toda España tiene su origen en el rechazo de los sindicatos facultativos al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario público. Los médicos denuncian que el texto mantiene problemas estructurales históricos del sistema sanitario, como las jornadas prolongadas, el exceso de guardias, la sobrecarga asistencial o la falta de reconocimiento específico de la profesión médica. Por ello reclaman un estatuto propio para los facultativos, mejoras salariales y de descanso, límites a las horas obligatorias de guardia y una regulación diferenciada que tenga en cuenta la responsabilidad y la formación del colectivo.