El gobernador Ron DeSantis promulgó en Florida la ley SB 484, una iniciativa orientada a controlar el crecimiento de los centros de datos de gran tamaño y limitar su impacto. La legislación comenzará a regir el 1° de julio y establece que las empresas eléctricas no podrán trasladar a los usuarios comunes los costos vinculados a la infraestructura y al consumo energético de estas instalaciones tecnológicas de alta demanda.“La SB 484 garantiza que los gobiernos locales mantengan la autoridad para rechazar el desarrollo de centros de datos en sus comunidades, evita que los costos de los centros se trasladen a los consumidores y protege los recursos hídricos del estado”, señaló DeSantis en un comunicado oficial.La ley firmada por Ron DeSantis está diseñada para proteger a diversos sectores de la población y recursos del estado frente al impacto del desarrollo de centros de datos a gran escalaFacebook Governor Ron DeSantis Uno de los ejes centrales de la norma es que los llamados “clientes de gran carga” deberán asumir el costo completo de los servicios que utilicen. Esto incluye gastos de:El texto legislativo define como cliente de gran carga a toda instalación con una demanda máxima mensual prevista de al menos 50 megavatios en una sola ubicación. También contempla complejos con múltiples operadores que compartan un mismo predio mediante acuerdos de colocación.Además, la normativa prohíbe dividir artificialmente las conexiones eléctricas de un mismo centro de datos para evitar alcanzar el umbral establecido por la ley.La SB 484 apunta principalmente a proteger a los usuarios residenciales y a los pequeños comercios de posibles incrementos tarifarios asociados a la expansión de centros de datos de gran escala. “Estas son protecciones muy necesarias para los contribuyentes y nuestros recursos naturales”, señaló el gobernador.La normativa también ordena a la Comisión de Servicios Públicos de Florida diseñar esquemas tarifarios para evitar que eventuales riesgos financieros o incumplimientos de pago de estas empresas terminen por ser absorbidos por el resto de los contribuyentes.Otro de los sectores alcanzados por las protecciones son los gobiernos locales. La ley mantiene la autoridad de municipios y condados sobre decisiones vinculadas al uso del suelo, la zonificación y la aprobación de proyectos.La normativa de Florida busca evitar que los grandes centros trasladen sus gastos a las boletas de los consumidoresFreepikLa ley incorpora disposiciones vinculadas a la seguridad estatal. Las compañías eléctricas tendrán prohibido suministrar energía a centros de datos controlados por entidades pertenecientes a países considerados de preocupación para Florida.La normativa habilita a las empresas de servicios públicos a interrumpir o reducir el suministro a estos grandes consumidores en situaciones de emergencia. El objetivo, según lo establecido en el texto legislativo, es preservar la estabilidad de la red y garantizar el abastecimiento para el resto de la población.Además de la electricidad, la legislación incorpora controles específicos sobre el uso de recursos hídricos por parte de los centros de datos. En ese sentido, se establece que no podrán otorgarse permisos de consumo de agua cuando el proyecto represente un perjuicio para las reservas locales.A su vez, se exige el uso de agua reciclada siempre que resulte técnica y económicamente viable, con el objetivo de reducir la presión sobre las fuentes de agua dulce del estado. Los proyectos que requieran más de 100 mil galones diarios deberán presentar planes de conservación que incluyan reutilización de enfriamiento, detección de fugas y equipamiento eficiente.La SB 484 introduce cambios en materia de acceso a la información pública y elimina ciertas extensiones de confidencialidad para proyectos de centros de datos vinculados al desarrollo económico, lo que amplía el acceso ciudadano a documentación sobre estas iniciativas.Además, la Oficina de Análisis de Programas y Responsabilidad Gubernamental de Florida deberá efectuar un estudio integral sobre el impacto económico, ambiental y social de esta industria. El informe deberá incluir recomendaciones sobre localización de futuras instalaciones, consumo energético, utilización de agua y efectos sobre la salud y la seguridad pública. El documento tendrá que ser presentado antes del 1° de julio de 2027.