Randall Zúñiga aseguró que su destitución no está relacionada con los casos más mediáticos mencionados públicamente. Fuente: OIJEl exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar su nombramiento no está relacionada con las denuncias más mediáticas en su contra, como los señalamientos por presuntas violaciones sexuales o supuestas filtraciones de información judicial.La reacción del exjerarca se dio horas después de que la Corte Plena avalara de forma unánime la recomendación emitida por la Inspección Judicial, tras un proceso disciplinario en su contra relacionado con aparentes faltas administrativas.PUBLICIDADMediante un extenso comunicado, Zúñiga cuestionó el fallo y afirmó que la resolución “pone a prueba la independencia judicial”.“El juicio legal cede ante la presión mediática”, expresó.PUBLICIDADEl exdirector del OIJ insistió en que la sanción impuesta por Corte Plena no guarda relación con los casos más conocidos públicamente durante los últimos meses.Según explicó, dentro del procedimiento disciplinario no se discutieron los señalamientos difundidos en octubre de 2025 sobre presuntas violaciones sexuales, ni tampoco situaciones relacionadas con Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza o los primos Barboza.PUBLICIDAD“Tampoco se discutió si se habían enviado fotografías de cadáveres o se hubiera alertado sobre allanamientos como se indicó en ese programa”, manifestó.De acuerdo con Zúñiga, esos procesos continúan en otras vías y el juicio relacionado con esos señalamientos iniciará el próximo 25 de mayo del 2026.PUBLICIDADEn el comunicado, el exjerarca aseguró que durante la investigación disciplinaria se le trasladaron 50 cargos, aunque finalmente solo fue sancionado por seis.Zúñiga defendió que nunca reveló información confidencial y afirmó que las conversaciones por las cuales fue sancionado hacían referencia a hechos que ya eran de conocimiento público.PUBLICIDAD“No se demostró que mi persona hubiera revelado información secreta, confidencial o desconocida públicamente de previo”, sostuvo.Además, indicó que las conversaciones cuestionadas estaban relacionadas con información que previamente había sido divulgada por medios de comunicación o mediante vocerías institucionales.PUBLICIDAD“Lo que se sanciona, en esencia, es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente”, añadió.Para ejemplificar su posición, Zúñiga comparó el proceso disciplinario con un juicio penal.PUBLICIDAD“Esto es como si a una persona lo llevan a juicio por robo, como no logran encontrarlo culpable por esto, entonces lo condenan por evasión fiscal a pesar de que no formaba parte de la acusación”, expresó.El exdirector del OIJ afirmó que nunca reveló información confidencial. Fuente: OIJEl exdirector anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la decisión tomada por Corte Plena y solicitar una revisión del proceso.PUBLICIDADSegún afirmó, buscará que lo actuado sea analizado “con rigor técnico y jurídico”.Zúñiga también cuestionó la manera en que el caso fue presentado ante la opinión pública y aseguró que existe una intención de afectar la independencia de la policía judicial.“La institucionalidad democrática exige que las decisiones se adopten con base en prueba, legalidad y debido proceso, no por presión mediática ni por conveniencia coyuntural”, manifestó.En la parte final de su pronunciamiento, lanzó una advertencia sobre el futuro de la institución.“Existe una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial y llevárselo al Ejecutivo”, concluyó.El exjerarca aseguró que existe una intención de “debilitar la policía judicial”. Fuente: OIJLa Corte Suprema de Justicia confirmó oficialmente la revocatoria del nombramiento de Randall Zúñiga como director del OIJ.Mientras se realiza un nuevo concurso para designar al próximo jerarca de la institución, Michael Soto continuará como director interino.Durante los últimos seis meses, Zúñiga permaneció suspendido con goce salarial mientras avanzaban las investigaciones administrativas en su contra.