Un juez de instrucción investigará al ex primer ministro y alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, por presuntos delitos de desvío de fondos públicos, favoritismo, conflicto de intereseses y malversación cometida por un funcionario, relacionados con la gestión de la ciudad de Le Havre, según informó este martes la Fiscalía para delitos económicos. Philippe, presidente del partido de centroderecha Horizons, es actualmente el candidato mejor situado para disputar una segunda vuelta a la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional, que sigue siendo la favorita en las encuestas. La investigación abierta por la Fiscalía, un procedimiento relativamente habitual para profundizar en una denuncia, podría perjudicar gravemente sus intenciones de concurrir a los comicios si finalmente se sustanciara en una imputación.El entorno de Philippe declaró que “responderá a todas las preguntas de la justicia, como siempre ha hecho, con total serenidad”, y aseguró que el ex primer ministro conoció la noticia a través de la prensa. Su abogado, Emmanuel Marsigny, no quiso hacer comentarios, según publicó Le Parisien. Esta decisión se produce tras una denuncia presentada en junio de 2025 por la ex directora general adjunta de la comunidad urbana Le Havre Seine Métropole entre 2020 y 2023, que presidía Philippe. A raíz de ello, se abrió una investigación y se realizaron registros en abril de 2024. Posteriormente, en junio de 2025, la denunciante presentó una querella. Desde el inicio, Philippe ha rechazado las acusaciones.La denuncia también apunta a Stéphanie de Bazelaire, responsable de innovación y asuntos digitales, así como a Claire-Sophie Tasias. Las sospechas se centran en un convenio plurianual firmado en julio de 2020 para la gestión de la Ciudad Digital de Le Havre. El acuerdo fue firmado, entre otros, por Philippe y Bazelaire, quien también actuaba como presidenta voluntaria de la asociación LH French Tech, la beneficiaria de la licitación.La asociación, creada en julio de 2020, fue seleccionada tras una convocatoria de interés lanzada en marzo de ese mismo año por la comunidad urbana, dentro del marco de un “servicio de interés económico general”. Fue la única candidata y debía recibir 2.154 millones de euros en compensaciones públicas para desarrollar distintos proyectos.Según la denunciante —quien fue directora general adjunta de la comunidad urbana entre septiembre de 2020 y abril de 2023— el conflicto de intereses “parece absolutamente evidente”. Afirmó que “el alcalde y su adjunta”, esta última en calidad de presidenta de la asociación, tendrían “control sobre sumas considerables” destinadas a actividades potencialmente relacionadas con sus funciones municipales.