A Samantha Hernández Castillo la involucraron en un plan para poner una bomba en Caracas que no explotó. Cuando la detuvieron, en noviembre pasado, estaba en la casa de sus abuelos y comenzaba el último año del bachillerato. Samantha tiene 16 años y es la hermana menor del primer teniente exiliado Christian Hernández al que acusan de conspiración militar. La noche de este lunes, seis meses después de su detención, salió de una cárcel de menores con medidas cautelares; aún se desconoce a qué restricciones sigue sometida. Aparece en una foto con una sonrisa plana y un suéter de emojis felices, abrazada de sus abuelos. Pero su familia sigue rota.La hermana de Samantha, Arantza Hernández Castillo, de 19 años, sigue presa al igual que su tío Henry Castillo y su primo Arialdo Camargo. Estos dos estuvieron desaparecidos casi un año hasta que los encontraron en la cárcel del Rodeo. La única señal que la familia tuvo de Henry Castillo durante meses fue la foto que difundió Diosdado Cabello en una rueda de prensa, presentándolo como alias El tío y parte de una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro. La cuñada de Samantha, Maykelis Borges, esposa del militar al que el chavismo persigue, también fue apresada, cumplió un embarazo en condiciones precarias y dio a luz en prisión. En febrero le concedieron arresto domiciliario.Todos están o estuvieron presos por ser allegados de un militar que el régimen busca. Su caso no es el único, pero ha servido para ilustrar con precisión un patrón que se ha vuelto habitual en el aparato represivo del chavismo y que se repite en los informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos del Alto Comisionado de Derechos Humanos: el sippenhaft. El término alemán remite a las leyes nazis del Tercer Reich, que establecían que un acusado de crímenes contra el Estado extendía su responsabilidad a sus parientes.La misma noche del lunes también fue liberada Merys Torres de Sequea, de 71 años, después de ocho meses de detención. El año pasado, hombres encapuchados que se identificaron como policías la arrestaron junto a su sobrina, cerca de la cárcel del Rodeo, cuando iba a visitar a su hijo, el coronel de la Guardia Nacional Antonio Sequea, preso desde 2020 y condenado a 24 años de prisión por la llamada Operación Gedeón. Parte de la familia de Sequea, que tiene otros integrantes militares, tuvo que irse al exilio ante la persecución. El paradero de la mujer fue desconocido durante varios meses, hasta que apareció en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la principal cárcel de mujeres del país. Su detención arbitraria contraviene el Código Penal venezolano, que prohíbe penas de prisión para mayores de 70 años, pero ella no es la única presa política septuagenaria. En un video de su excarcelación, Torres de Sequea sale corriendo a abrazar a un familiar que la recibe.Los casos de Samantha —una de las pocas adolescentes que aún estaban en prisión tras la represión de las manifestaciones de 2024 en las que se encarceló a más de un centenar— y de Merys se habían convertido en emblemas de la lucha por la liberación de los presos políticos. Ambos habían quedado explícitamente excluidos de la ley de amnistía aprobada en febrero, que llegó a su fin hace poco por decisión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Las excarcelaciones, que continúan este martes, se producen en medio de la indignación que ha dejado la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero, otro preso político desaparecido durante 16 meses, el tiempo que pasó su madre, Carmen Navas, buscándolo de cárcel en cárcel sin que las autoridades le informaran que había muerto. El Gobierno reconoció su muerte el pasado 7 de mayo. Navas falleció diez días después.Aun con estas excarcelaciones, siguen presas más de 600 personas por razones políticas, según la ONG Justicia Encuentro y Perdón, y más de 400 de acuerdo con el Foro Penal. Aunque el Gobierno contabiliza más de 700 salidas de la cárcel en lo que va de año y otras 8.000 medidas de libertad plena, el proceso se ha estancado y ha mostrado su carácter discrecional. Defensores de derechos humanos advierten que la amnistía no ha derivado en una gracia amplia ni en un reconocimiento del daño, sino que ha sido selectiva y revictimizante. Buena parte de quienes siguen presos son precisamente militares y sus familiares, y las detenciones arbitrarias no se han detenido. Los militares están explícitamente excluidos de la ley de amnistía.El lunes, estudiantes universitarios volvieron a protestar para exigir la libertad de todos. Un grupo bloqueó la principal autopista de Caracas y forcejeó con policías antimotines que fueron a disolver la manifestación. Hubo heridos. La apertura que trajo la intervención militar estadounidense y el descabezamiento del Gobierno de Nicolás Maduro ha resultado limitada. Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la ONG Cecodap, que asumió la defensa de Samantha, ha reclamado: “Nunca debió estar privada de libertad. Fueron meses de sufrimiento, daño acumulado y afectación a sus derechos como adolescente”. Mientras tanto, el juicio contra la adolescente continúa.