Más de 145.000 niños estadounidenses han sufrido la detención de uno de sus padres desde que el presidente Donald Trump volvió al cargo en enero de 2025 y más de 22.000 de ellos la de ambos progenitores, según un informe de la Brookings Institution hecho público este lunes.PublicidadEn concreto, el estudio establece que son 146.635 menores los afectados por las políticas migratorias de Trump y que, de esta cifra, el 36,5% son menores de seis años, el 36,1% tienen entre seis y 12 años y el resto, entre 13 y 17.Respecto a la nacionalidad de los padres detenidos, el informe de Brookings señala que la nacionalidad más afectada es la mexicana, con hasta un 53,7% del total, seguida de Guatemala y Honduras, con un 15% y un 10,7%, respectivamente. El estudio también se centra en el lugar donde se han producido las detenciones: Washington D.C. y Texas concentran la mayor proporción de niños ciudadanos estadounidenses con un progenitor afectado, con más de cinco por cada 1.000. El análisis de Brookings matiza que no existen datos fiables sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre qué sucede con ellos una vez que su progenitor es arrestado, por lo que se centran en los detenidos, sobre quienes tienen "mejor información que sobre los deportados". PublicidadEstas cifras, relativas a los menores afectados por las decisiones en política migratoria de la Casa Blanca, reflejan la intensidad de la labor realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), desde que Trump regresó al poder y que ha generado protestas por todo el país.Actualmente, y según el informe de Brookings, unas 60.000 personas se encuentran detenidas, y casi 400.000 han sido trasladadas a centros de detención del ICE.El análisis de Brookings recoge las dudas sobre qué sucede con los niños luego de ser separados de sus padres. Asociaciones citadas en el informe "animan a los padres que desean que sus hijos permanezcan en Estados Unidos a elaborar un plan de preparación familiar, designando a un amigo o familiar cercano que se hará cargo del niño si ellos no pueden hacerlo"."En muchos de estos casos, el Gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás, y la mayoría de los padres prefieren evitar el contacto con el sistema de bienestar infantil, incluso si solo cuentan con opciones de cuidado deficientes", señala el estudio.PublicidadAún así, el informe apunta que el número de niños ciudadanos estadounidenses que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los 145.000 que se estima que la han sufrido durante el tiempo de la segunda administración Trump.Brooklings calcula que hay 13 millones de adultos "indocumentados" o con estatus migratorio irregular, con protección parcial y que, entre sus familias se encuentran más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluyendo casi 2,5 millones de niños que podrían enfrentar la detención de ambos.Arrestos en tribunales de migración El segundo mandato de Trump trajo consigo un aumento de los arrestos en la vía pública, inclusive en los tribunales de migración, con detenciones a personas que acudían a audiencias rutinarias. Esto generó que organizaciones civiles interpusieran denuncias por el impacto disuasorio de esta práctica sobre la asistencia a los tribunales. Los demandantes argumentaron que estas detenciones provocaban miedo entre las personas migrantes y podían afectar el acceso al debido proceso, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación.Este lunes, un juez federal en Nueva York, Kevin Castel, prohibió en gran medida que agentes del ICE realicen detenciones dentro o en las inmediaciones de tribunales de migración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica, que había sido un componente central y controversial de la estrategia migratoria de Trump en la ciudad.El juez emitió la orden este lunes en el distrito sur de Nueva York, al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional. La resolución supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.