El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido crear un grupo de trabajo para resolver los doce choques institucionales planteados por el Senado por los conflictos de atribuciones con el Congreso y con el Gobierno. Según ha podido saber este periódico, de esa docena de asuntos, diez han recaído por reparto en magistrados del sector progresista. Fuentes del TC explican que ese grupo de estudio será pactado con magistrados "de tendencias diversas", y señalan específicamente a los propuestos por el PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Además, apuntan que estará integrado por "letrados especializados en materia parlamentaria para estudiar conjuntamente los conflictos de competencia entre órganos constitucionales", dado que "son muy numerosos y que plantean cuestiones similares". En este momento, el Senado ha planteado catorce conflictos de atribuciones, siete por discrepancias con el Gobierno y otros siete por problemas con el Congreso. No obstante, los dos últimos aún no han sido presentados formalmente ante el Tribunal Constitucional, aunque lo serán próximamente. Se trata en ambos casos de la negativa de la Mesa de la Cámara Baja a tramitar las enmiendas aprobadas por la Cámara Alta a la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia. "El objetivo es evaluar si se puede alcanzar un acuerdo en algunos recursos; los que no tengan consenso se dejarán respirar o se congelarán" Como reveló este periódico, el pasado 5 de mayo el Senado se enfrentó al Gobierno y al Congreso porque entienden que se inventan costes para vetar leyes aprobadas por el Pleno de la Cámara Alta, en este caso leyes impulsadas por PP, Junts y Vox. Dado que la Mesa del Congreso solo puede frenar las iniciativas por incremento presupuestario, la Cámara Alta denunció hoy que el Ejecutivo estaba haciendo conjeturas para justificar su último veto a dos enmiendas a la ley de multirreincidencia. Desde el tribunal, se explica que el grupo de trabajo será similar al que Conde-Pumpido formó para la amnistía al procés, aunque desde el tribunal se pone el acento en que aquel momento se compuso por personas afines a la mayoría progresista. En cualquier caso, explican que "el objetivo es evaluar si se puede alcanzar un acuerdo en algunos recursos para sacarlos adelante, mientras que los que no tengan consenso se dejarán respirar o se congelarán". Así, y a pesar de que el TC busca agrupar los conflictos, en esos catorce asuntos hay cuestiones diferentes que pueden diferenciarse en tres. El primer grupo tiene que ver con la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar las leyes que llegan del Senado aprovechando un vacío legal: más allá de la cuestión de trámite jurídico, el problema político que subyace es que una iniciativa aprobada en la Cámara Alta con los votos de PP, Junts y Vox saldría adelante en la Cámara Baja a pesar de la oposición del Gobierno. Es decir, la oposición estaría legislando en contra del criterio del Ejecutivo. Otro es la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar enmiendas que el Pleno del Senado ha introducido en iniciativas que llegaban desde el Congreso. En este caso, el argumento al que se agarra el Gobierno y la mayoría progresista de la Mesa del Congreso es que esas enmiendas suponen incremento presupuestario. No obstante, el último caso, el de la ley de multirreincidencia, supuso un paso más porque el gasto lo dedujo el Congreso por su cuenta. Por último, la reincidente negativa del actual Gobierno a no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tres meses antes de finalizar el año, algo que no ha sucedido en la actual legislatura, 2023, 2024 y 2025, por lo que los actuales son una prórroga de los aprobados en 2022. En su recurso, el Senado reclamó al TC que fijara un plazo para su aprobación y que anulara las prórrogas de 2024 y 2025 bajo el argumento de que se vulneran 5 artículos de la Carta Magna. Fuentes del tribunal subrayan que "este es el conflicto más importante en este momento, y existe doctrina que establece la obligatoriedad de presentar las cuentas públicas, pero no está claro que la mayoría actual del tribunal quiera seguir esta línea". Los conflictos con el Gobierno se refieren al proyecto de Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario; la corrección de errores de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia; los proyectos de Ley por los que se modifican las leyes de Navegación Aérea y Seguridad Aérea; la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE); las enmiendas aprobadas por el Senado que el Congreso para eliminar de la Ley de Movilidad Sostenible; y la paralización del requerimiento al Gobierno a fin de que su presidente comparezca ante el Pleno del Senado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba). El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido crear un grupo de trabajo para resolver los doce choques institucionales planteados por el Senado por los conflictos de atribuciones con el Congreso y con el Gobierno. Según ha podido saber este periódico, de esa docena de asuntos, diez han recaído por reparto en magistrados del sector progresista. Fuentes del TC explican que ese grupo de estudio será pactado con magistrados "de tendencias diversas", y señalan específicamente a los propuestos por el PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Además, apuntan que estará integrado por "letrados especializados en materia parlamentaria para estudiar conjuntamente los conflictos de competencia entre órganos constitucionales", dado que "son muy numerosos y que plantean cuestiones similares".