La sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a J.L.L, español de 51 años de edad, a una pena de 34 años de cárcel por utilizar durante más de cinco años a su hijastra menor de edad como esclava sexual y doméstica en una finca rústica de la localidad mallorquina de Algaida. El hombre ha sido sentenciado a diez años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de servidumbre, 14 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, siete años por elaboración de pornografía infantil y tres años por un delito contra la intimidad. Además, tendrá que indemnizar la víctima con 300.000 euros en concepto de daño psicológico y moral al considerar los jueces que, de los hechos probados en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, puede inferirse un daño de una “elevadísima intensidad” a la dignidad y a los derechos a la libertad, intimidad y autodeterminación de la víctima. El relato de los hechos probados en la sentencia es demoledor y da por bueno el relato de la menor, que durante el juicio, celebrado a puerta cerrada, se vio corroborado por los testigos y la abundante prueba documental que se recopiló contra el acusado.La pesadilla de la víctima comenzó en marzo de 2015 cuando J.L.L. realizó un viaje a Nigeria junto a una amiga, que resultó ser la tía de la víctima. Ambos se desplazaron hasta el pueblo de origen de la mujer, en el que seguía viviendo su hermana con sus tres hijas menores, que acogieron a ambos en su vivienda. La madre de la víctima (7 años por entonces) era madre soltera y atravesaba una mala situación económica. Durante esos días, J.L.L. comenzó a urdir un plan con el propósito de convertir a la menor de edad en su esclava doméstica y sexual, despojándola de su familia y prometiéndole que la alojaría en su vivienda en Mallorca, donde la niña fue posteriormente obligada a satisfacer todos los deseos sexuales del acusado y a realizar todas las tareas domésticas. El hombre prometió a la menor que la sacaría de la pobreza y que sería “su Dios humano” mientras la encandilaba mostrándole fotografías de la isla. “La menor, que nunca antes había conocido a una persona caucásica, quedó absolutamente embelesada por la mejora de la calidad de vida que el acusado le proponía, desarrollando hacia él un fuerte sentimiento de dependencia emocional” sostiene la sentencia.Durante ese mes de marzo de 2015, el condenado propuso matrimonio a la madre de la menor con el fin de obtener un visado para que ambas pudieran viajar a España, adoptando el J.L.L el rol de “padre” de la niña. El hombre prometió a la madre de la menor que se encargaría de la alimentación y los estudios de la niña y también le aseguró que una vez instalados en la isla tramitaría los visados de las otras dos hijas que ella tenía en Nigeria. La mujer aceptó y finalmente se casaron en lo que resultó ser una unión meramente formal con la única intención de obtener la documentación necesaria para poder viajar a España. Los trámites para obtener los visados se alargaron hasta 2019, un tiempo en el que el condenado viajó a Nigeria de forma regular para seguir manteniendo contacto con la menor, a la que en esa época comenzó a realizar tocamientos, que fueron elevando su intensidad con el paso de los años. Además, el hombre comenzó a enseñar a la menor vídeos pornográficos con menores de edad, lo que provocó que la víctima normalizara estas situaciones “como prácticas normales y habituales” asimilándolo como un acto necesario para escapar de la pobreza en Nigeria y como agradecimiento a la persona que ella consideraba como “su salvador”.En su plan para tener totalmente controlada a la menor también le regaló un teléfono móvil con el que mantenía una vía de comunicación abierta. En las conversaciones, el condenado pedía a la niña, que tenía entre 8 y 11 años, fotografías y vídeos de carácter sexual, a lo que la menor accedía “debido a la plena admiración que sentía por él”. En uno de los últimos viajes a Nigeria en 2019, J.L.L le dijo a la niña que si quería viajar con él a España debía firmar un documento redactado en inglés por el que se comprometía a mantener relaciones sexuales diarias, además de realizar todas las tareas domésticas. “La menor estaba convencida de que de esta manera sería rescatada de la pobreza y conseguiría además que sus dos hermanas menores fueran igualmente rescatadas en un futuro y por ello aceptó las condiciones” razonan los jueces.El acusado llegó a Mallorca con la madre y la hija en noviembre de 2019 y ya en el aeropuerto le dijo a la mujer que él se encargaría en exclusiva del cuidado de la niña y que ella tendría que buscarse un alojamiento en otro lugar. “De esta manera J.L.L logró desvincular y desarraigar por completo a la menor de todos sus vínculos familiares y sociales convirtiéndose él mismo en la única persona de referencia en su vida”. Llevó a la menor a una finca rústica entre noviembre de 2019 y marzo de 2024, periodo durante el que la víctima tenía entre 12 y 17 años. A los pocos días de llegar, el hombre elaboró un segundo contrato por el cual la menor se comprometía a mantener relaciones sexuales a diario, así como a no abandonarle a condición de traer a sus hermanas a la isla. “De cara a la sociedad actuaba como padre de la menor, matriculándola en el instituto, encargándose de los trámites administrativos y procurándole los cuidados básicos” relata la sentencia, que señala que el condenado permitía a la niña ver a su madre y a algunas amigas “siempre bajo estricto control y cuidado”.“Durante el tiempo que la menor fue esclava sexual y doméstica de J.L.L, éste mantenía relaciones sexuales con una frecuencia prácticamente diaria con la menor” señalan los jueces, que constatan que el hombre violó a la niña incluso estando dormida. A todas estas agresiones se suman las peticiones constantes que el hombre le hacía para que ella le facilitase fotografías y vídeos de carácter sexual, incluso con amigas. El condenado poseía acceso completo al terminal de la víctima, a su Whatsapp, su cuenta de Tik Tok y de Instagram para poder controlar sus conversaciones. También colocó cámaras de vigilancia en el interior y el exterior de la casa mediante las que grababa constantemente a la niña, que no era consciente de ello. La menor logró denunciar lo sucedido en marzo de 2024 cuando reveló a su madre las agresiones sexuales a las que el hombre le venía sometiendo. “Resulta difícil imaginarse lo que sufrió la víctima” señalan los jueces, que dan credibilidad total a la narración de la menor en la que no aprecian “motivos espurios” durante su declaración, que consideran “coherente” con un relato “espontáneo y pormenorizado” de lo ocurrido. PPara el tribunal, la confesión de la menor se ve periféricamente corroborada por la multitud de testigos que declararon durante el juicio, desde familiares y amigos a psicólogos y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La sentencia también destaca la multitud de elementos con carga probatoria contra el acusado, que guardaba los vídeos, fotografías y mensajes con la víctima e incluso llegó a escribir un relato “profundamente humillante” desde el comienzo de la historia con la niña y que fue reconocido por él mismo durante el juicio.“Todo lo narrado ha producido unos efectos demoledores y profundamente graves en la menor, especialmente en sus esferas psicológica y social, que es previsible que perduren a lo largo del resto de su vida”. El tribunal apunta que las creencias y esquemas mentales de la menor, en especial en el ámbito de las relaciones personales y sexuales, se han visto gravemente distorsionadas “no ajustándose a la realidad”. La víctima ha desarrollado ideas suicidas, ha realizado conductas autolíticas, ha padecido ansiedad severa, desbordamiento emocional constante, una profunda dependencia emocional hacia terceros y los comentarios que el condenado le profería sobre su cuerpo provocaron que desde los 13 años sufriera trastornos de la alimentaciónEl teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.