Cuando el Tribunal de Cuentas publicó su informe anual sobre las cuentas generales del Estado de 2024, en el que afeaba al Gobierno que no hubiera justificado de manera suficiente la reasignación de fondos del Next Generation EU a una partida de pensiones, es probable que nadie en la institución previera que se iba a convertir en un culebrón europeo. Tampoco lo esperaban en la Comisión Europea, que pidió algunas clarificaciones y rápidamente lo acotó a un asunto interno, relacionado con la ausencia de presupuestos desde 2023. Pero una semana después, el asunto ha escalado hasta convertirse en una cuestión tóxica para Bruselas y Madrid. El Ejecutivo comunitario está redoblando esfuerzos para tratar de apagar un incendio que se está propagando fundamentalmente por redes sociales y medios de comunicación. El miércoles fue Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el que explicó en rueda de prensa que la institución no veía ninguna irregularidad. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, señaló el italiano, que está al frente del departamento que monitorea esos fondos. “Este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”, añadió Fitto. Ya la semana pasada el Ejecutivo comunitario explicó que había analizado el informe y que en principio no había nada ilegal en la manera de proceder del Gobierno español en base a las normas que gobiernan los fondos europeos. La regulación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece una serie de requisitos, y uno de ellos es que no se usen los fondos europeos para gasto recurrente, y es ahí donde se están concentrando la mayoría de críticas a la institución. Tras revisar la cuestión con el Gobierno español y estudiar el informe del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo comunitario considera que no hay irregularidades. El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) también ha solicitado en el pasado una mayor claridad y transparencia respecto al uso que se ha estado haciendo de los fondos europeos. Para cuando Fitto salió esta semana intentando explicar la situación, la cuestión era ya un escándalo político con especial recorrido en el Parlamento Europeo, donde los diputados del Partido Popular Europeo (PPE) están siendo particularmente activos. Los medios alemanes habían empezado a hacerse eco de la cuestión y también el portal de noticias europeo POLITICO, que hablaba de "presunto mal uso". En mitad de la tormenta, las viejas divisiones norte-sur que se abrieron durante la crisis del euro están volviendo a quedar a la vista de todos, entre críticas y tópicos. “El posible mal uso de casi 10.000 millones de euros de los fondos de Next Generation EU en España representaría uno de los mayores escándalos en la reciente historia europea”, ha asegurado en redes sociales Tomáš Zdechovský, eurodiputado checo del Partido Popular Europeo y coordinador de los democristianos en la comisión de control presupuestario de la Eurocámara. Los eurodiputados Andreas Schwab, alemán del PPE y presidente de la comisión parlamentaria de control presupuestario, Daniel Freund, también alemán pero de Los Verdes, han escrito a la Comisión Europea pidiendo más información y clarificaciones. En una conversación con El Confidencial Freund explica que a pesar de la "polarización" que genera en el Parlamento Europeo las cuestiones relativas a España considera positivo hacer preguntas y obtener explicaciones del Ejecutivo comunitario. Además, el ecologista explica que también se pide en la misiva que la Comisión haga más para que los Estados miembros sean claros respecto a los grandes receptores de fondos, ya que en muchas ocasiones se limitan a incluir a ministerios o regiones. "No es un problema solamente de España, sino de prácticamente todos los Estados miembros", señala el eurodiputado. En Países Bajos y en Alemania el espíritu de la crisis anterior no ha terminado de abandonar la política nacional, y se pudo ver durante el debate que rodeó precisamente al establecimiento de estos fondos europeos. Volvió a pasearse el fantasma de Jeroen Dijsselbloem, antiguo presidente del Eurogrupo, el foro de ministros de Finanzas de la Eurozona, que dijo aquello de que uno no podía gastarse el dinero en “alcohol y mujeres” y después "pedir ayuda". También la portada del medio holandés EW, que durante el debate para el establecimiento de estos mismos fondos europeos que ahora se encuentran en el centro del debate, publicó una polémica portada en la que los holandeses aparecían como unos duros trabajadores mientras el sur, que en ese momento acumulaba miles de muertes al día por el coronavirus, era representado como un hombre disfrutando de una piscina sobre su flotador. “Ni un euro más al sur”, señalaba la revista. Alice Weidel, líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), una formación antieuropea y que ahora mismo lidera casi todas las encuestas en el país por delante de los conservadores de la CDU del canciller Friedrich Merz, ha sido una de las figuras más críticas con este caso. “Los socialistas españoles desvían diez mil millones de euros del fondo de la UE para el coronavirus. Los impuestos alemanes financian la mala gestión socialista en Europa. La locura de las deudas comunitarias de la UE debe terminar: ¡un gobierno del AfD se encargará de ello!”, escribió en redes sociales. El debate de los eurobonos La cuestión llega en un momento delicado, porque hay pocos Gobiernos dentro de la Unión Europea que defiendan más que el español la necesidad de apostar por más deuda común europea, los llamados habitualmente “eurobonos”, como con los que se financió el Fondo de Recuperación. España lo está solicitando dentro de la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto de la UE para el 2028-2034. Hay bastante consenso en el mundo económico de Bruselas en que debe avanzarse en esa dirección, pero sigue existiendo mucha resistencia por parte de las capitales de los considerados como Estados miembros “frugales”. Merz ha aprovechado esta semana la entrega del premio Carlomagno a Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, defensor de la deuda común europea, para descartar que Berlín vaya a apoyar nuevos eurobonos. Independientemente de la cuestión de las pensiones y los fondos Next Gen, en Bruselas son conscientes de que la cuestión, el ruido y los titulares de los últimos días en la prensa internacional no ayudan a la promoción de la idea de los eurobonos. Cuando el Tribunal de Cuentas publicó su informe anual sobre las cuentas generales del Estado de 2024, en el que afeaba al Gobierno que no hubiera justificado de manera suficiente la reasignación de fondos del Next Generation EU a una partida de pensiones, es probable que nadie en la institución previera que se iba a convertir en un culebrón europeo. Tampoco lo esperaban en la Comisión Europea, que pidió algunas clarificaciones y rápidamente lo acotó a un asunto interno, relacionado con la ausencia de presupuestos desde 2023. Pero una semana después, el asunto ha escalado hasta convertirse en una cuestión tóxica para Bruselas y Madrid.