La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) señaló este viernes una serie de anomalías en el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía. El organismo conducido por Sergio Rodríguez presentó un informe detallado ante la Secretaría de Transporte donde advirtió que el pliego de bases y condiciones actual presenta vicios que podrían afectar la transparencia de la adjudicación. La intervención judicial ocurrió tras una denuncia que alertó sobre requisitos técnicos diseñados, presuntamente, para favorecer a determinados grupos empresarios. Las observaciones de la fiscalía El dictamen fue incorporado al expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó bajo análisis de la fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuan, con intervención del juez Sebastián Casanello. Según trascendió, el informe no solicita medidas concretas, pero sí expone una extensa enumeración de posibles irregularidades detectadas durante el procedimiento licitatorio.

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Entre los puntos cuestionados, la fiscalía especializada en investigaciones administrativas marcó supuestas fallas en la redacción de cláusulas consideradas sensibles dentro del pliego. Allí mencionó aspectos vinculados a la cláusula anticorrupción, las limitaciones para presentar impugnaciones y las condiciones previstas para eventuales cesiones del contrato. Además, el organismo advirtió que algunos requisitos podrían restringir la participación de determinadas empresas o favorecer indirectamente a ciertos competidores dentro del proceso. Las denuncias y el posible direccionamiento La investigación se originó luego de distintas denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y empresas interesadas en competir por la concesión de la principal vía navegable del país. Uno de los cuestionamientos más relevantes apuntó a un posible “direccionamiento” del proceso licitatorio. Según el análisis de la fiscalía, el sistema de evaluación de ofertas y el esquema de múltiples etapas generan dudas sobre la igualdad de condiciones entre los oferentes. El informe también cuestionó el desarrollo de la audiencia pública informativa organizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Allí se remarcó que se presentó una cantidad de documentación considerada excesiva —más de 9000 páginas— dentro de plazos reducidos, lo que, según la fiscalía, habría dificultado una participación ciudadana efectiva. Sturzenegger sorprendió al gobernador de Corrientes: el pedido clave sobre la libre navegación de los ríos Otro de los ejes señalados por la FIA fue la falta de un procedimiento integral de evaluación de impacto ambiental con participación de la autoridad nacional competente en la materia. Según el dictamen, la incorporación de informes técnicos o planes ambientales no reemplaza la necesidad de realizar un estudio específico y completo antes de avanzar con la adjudicación definitiva de la concesión. Para el organismo, las irregularidades detectadas podrían derivar en futuros cuestionamientos administrativos o incluso penales sobre el proceso licitatorio. El Gobierno defiende la licitación Mientras tanto, el Gobierno nacional ratificó que continuará adelante con el proceso de privatización de la Hidrovía y sostuvo que la licitación avanza “sin impugnaciones” y con respaldo de distintos sectores. Desde la administración de Javier Milei aseguraron que ya finalizó la etapa técnica del procedimiento y que en los próximos días se abrirán las ofertas económicas de los grupos empresarios que continúan en carrera. La disputa por la concesión enfrenta actualmente a dos grandes oferentes: por un lado, el consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus; y por otro, la empresa belga DEME, acompañada por compañías estadounidenses. La nueva concesión definirá quién administrará durante los próximos 25 años una de las rutas comerciales más estratégicas de la Argentina y de toda la región. LB