Llucià Homs
La polémica es consubstancial a la Bienal de Venecia, reconocida como uno de los grandes eventos internacionales del calendario artístico. La edición que recién ha abierto sus puertas empezó ya con la dimisión del jurado por motivos políticos, pero es que algunas de estas controversias eran muy predecibles en la medida que la bienal se fundamenta en una anacrónica estructuración por pabellones nacionales creada a finales del siglo XIX. ¿O no era previsible que los pabellones de Israel y Rusia iban a ser sistemáticamente contestados por un activismo que es innato al arte? La historia de acciones de protesta es larga y está bien documentada, y no hacen sino incrementar el áurea de esta bienal en que las obras expuestas nunca son juzgadas al margen del pabellón que las acoge. Una áurea, sin embargo, que le vale para seguir marcando el canon de la contemporaneidad.
Pero de lo que poco se habla es de cómo se financia este evento. No me refiero tanto a la ciudad en sí, sino a los fondos detrás de los proyectos expuestos más allá de las aportaciones de cada estado, pues, teóricamente se trata de una institución no comercial. Cada día más son las galerías las que representan a los artistas que participan en los Giardini, el Arsenale o alguno de los palazzos, las que inyectan buena parte de los recursos necesarios para cubrir las costosas producciones, la comunicación y las cenas de los días inaugurales. Aceptando que la bienal es de facto una gran plataforma de venta, lo que me ha sorprendido más este año es que ya nadie se sonroja o finja ante unas galerías que publicitan abiertamente en sus newsletters los proyectos en los que están involucradas, ni que un número sin precedentes de galeristas y profesionales de las subastas estén vendiendo a las claras obras a los numerosos coleccionistas que esta semana han llegado a la ciudad.
