La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó que el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley sean declarados culpables del delito de delincuencia organizada por su presunta participación en una red dedicada a la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
El pedido fue formulado durante el alegato final del Ministerio Público dentro del juicio que se sigue en la Corte Nacional de Justicia.
Además de Bucaram y su hijo, la Fiscalía también solicitó condena para el exagente metropolitano Leandro Berrones y el ciudadano israelí Oren Sheinman, quienes, según la acusación, habrían participado en la misma estructura.
De acuerdo con la teoría fiscal, los procesados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 en una organización que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de 21.000 pruebas rápidas para COVID-19, así como mascarillas, lancetas y otros productos médicos de alta demanda durante los meses más críticos de la pandemia.
La Fiscalía sostiene que esta red utilizó incluso recursos públicos para movilizar la mercadería.
