Es un hecho. Burford Capital llevará el juicio por la manera en que se reestatizó YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial, un ámbito en el que Argentina está invicta: todas las demandas que en las que se demandó al país en ese tribunal, terminaron mal. Especialmente las derivadas de las reestatizaciones de los años menemistas. Esta semana el fondo Borford blanqueó de manera explícita, que quiere recurrirá a esa alternativa en el corto plazo, para vengarse del fallo negativo que obtuvo en segunda instancia de la justicia de los Estados Unidos. Y para esto, cuenta con un aval no menor. La jueza Loreta Preska, mandamás de la primera instancia del Segundo Distrito Sur de Manhattan, donde comenzó toda la aventura de Burford de demandar al país. Preska habilitó a que el fondo demandante, pueda acceder y utilizar todos los datos, información y aportes, para una eventual presentación ante el Ciadi, incluyendo los archivos del posible incumplimiento de contratos y la violación de los derechos adquiridos por empresas privadas dentro de los marcos de acuerdos bilaterales en los países de respeto y protección de las inversiones. Según la demanda que prepara Burford, la re estatización realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof de ministro de Economía, no habría tomado en cuenta los acuerdos firmados durante la década del 90, en la gestión Carlos Menem, al no respetar el pago a los accionistas minoritarios; luego de la liquidación a Repsol por el 51% de las acciones. Y, con esto, habría violentado los tratados de amparo y protección a las inversiones, firmados con Estados Unidos y España. El primero, es el “Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, firmado el 14 de noviembre de 1991, en Washington DC, aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.124, sancionada el 26 de agosto de 1992 y que entró en vigor el 20 de octubre de 1994; y que, teóricamente, estaba en vigencia en el 2012, año de la renacinoalización de YPF. El segundo documento sería el “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España”, firmado el 3 de octubre de 1991, en Buenos Aires, aprobado por el Congreso Nacional en 1992, mediante la ley 24.118, y que entró en vigencia el 28 de septiembre de 1992. La jueza Preska habilitó al fondo demandante a acceder a toda la información