La casualidad ha querido que el Parlament constituya un grupo de trabajo sobre mejoras en las políticas penitenciarias y las condiciones de vida en las cárceles de Cataluña este jueves, apenas seis días después de que el Govern apartara de su cargo al director de la prisión de Puig de les Basses, Jordi Oliveras, dimitido tras tres muertes ocurridas en el centro de Figueres en solo cuatro meses. No hay coincidencia pero sí mar de fondo. Los grupos impulsores de la iniciativa, ERC, Comuns y CUP, llevaban reclamando diagnóstico y propuestas compartidos desde hace años, siempre con resultados negativos. Esta vez lo han conseguido tras captar el voto de Junts y después de que se abstuviera el PSC. Ambas formaciones hasta ahora habían votado en contra de ese trabajo en el Parlament.El punto de partida del grupo, como todos los que crea en la Cámara, será el acuerdo de un plan de trabajo y el consenso sobre los ponentes que tienen que dar una imagen fija de la situación y cómo avanzar hacia esa mejora pretendida. Son cinco los temas que preocupan principalmente a las formaciones que han arrancado el grupo de estudio: las medidas de contención mecánica que utilizan los funcionarios de prisiones, el estado de salud y el bienestar de los reos en Cataluña durante su condena, el aislamiento al que se ven sometidos algunos de ellos, los suicidios y las iniciativas para la rehabilitación de los presos, sobre todo en condiciones de medio abierto.Que en lo que va de año cinco presos se hayan quitado la vida dentro de las cárceles catalanas da un plus de actualidad al grupo de trabajo que echa a andar, pero el acuerdo de su creación ponía otro punto en evidencia: los datos sobre la aplicación de contenciones mecánicas “muestran patrones”, dice el texto, “muy preocupantes desde hace muchos años”. Destacan los tres grupos de izquierda, porque las estadísticas señalan que en Cataluña se utilizan esas medidas 15 veces más que en el retso de centros penitenciarios españoles: “con más de 2.500 contenciones en los últimos tres años, concentra més del 72% del total de las practicadas el último año en todo el Estado. Y otra cuestión es la paulatina reducción del uso del medio abierto, una fórmula que los expertos consideran esencial en la rehabilitación de los presos. “La pasada legislatura ya intentamos que se creara este grupo de trabajo, que solo busca la mejora de nuestro sistema, sobre todo en un momento como el actual”, señala Ana Balsera, la diputada de ERC de la comisión de Justicia que ha liderado la puesta en marcha de esa subcomisión. Andrés García Berrio, de Catalunya en Comú, señala como punto de inflexión en la situación los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que desde hace más de una década critican la situacion en Cataluña por el auge de las contenciones mecánicas, medidas de inmovilización de uso excepcional que pueden representar, entre otras, el uso de correas de sujeción. “La situación ha hecho que haya caído por su propio peso el grupo”, subraya Xavier Pellicer, de la CUP, quien considera que las conclusiones del grupo de trabajo deben servir en orientar la acción del Govern en materia de políticas y, quizás, en algún cambio de normativa como medida más estructural. El Departament de Justícia, que a finales del año pasado anunció un plan de choque para luchar sobre todo contra la lacra de los suicidios en las prisiones catalanas (se produjeron 11 en 2024, 6 en 2025 y llevamos 5 en lo que llevamos de 2026), asume que tendrá en cuenta las resoluciones que salgan del Parlament. Por lo que respecta al suicidio, “la prevención en los servicios penitenciarios es una prioridad y un reto complejo, ya que las personas internas pueden vivir situaciones de vulnerabilidad emocional y psicológica. Por eso, se implementan medidas de detección, seguimiento y apoyo a lo largo de su estancia” en prisión, señalan fuentes de la conselleria que dirige Ramon Espadaler, que destacan la colaboración con el Departamento de Salud y sus profesionales.“Siempre hemos estado a favor de que se impulsen mejoras en sistema penitenciario”, afirman desde Junts. Su diputado Isaac Padrós, antes de dar el apoyo a la creación de la comisión el pasado 26 de marzo, demandó que se aborde la temática “sin prejuicios de ningún extremo”, con “propuestas” y “sin reproches”. El tema que abre este domingo el Parlament es sensible. El PSC también lo ha dejado claro y ha reclamado “rigor” en la forma de afrontarlo. “Creemos que el Govern ya está trabajando y planteando medidas que van en la misma línea”, señala la diputada socialista Judit Alcalá, quien señala que no votan a favor porque no es una iniciativa propia de su grupo. La mencionada sensibilidad procede del temor de que se genere un debate sobre buenos y malos y en el que un colectivo, el de los funcionarios de prisiones, pase a pagar los platos rotos. El PP ha advertido que el grupo se va a convertir en “un akelarre de injurias” precisamente hacia el personal que trabaja dentro de las prisiones, una posición más o menos compartida por Vox, que considera que el grupo de trabajo acabará estigmatizándolos y criminalizándolos.