Una trama de corrupción acecha al PSOE en la mayor ciudad de Canarias. El juez retira el pasaporte a la exconcejala socialista implicada
La exministra Carolina Darias lleva meses pidiendo “prudencia y responsabilidad” cada vez que los periodistas le preguntan por el caso Valka, la investigación judicial que persigue una presunta “trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente” a determinados empresarios con dinero público, según las palabras del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas.
-link-track-dtm="">La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria llegó al cargo en 2023 tras tres años en la política nacional —fue la responsable de Sanidad durante la parte final de la pandemia—. Su argumento, al ser preguntada, es siempre el mismo: hay que esperar a que la justicia haga su trabajo. Y la justicia no para. El martes, el juez instructor retiró el pasaporte a Inmaculada Medina Montenegro, exconcejala socialista del Ayuntamiento y una de las figuras más próximas al núcleo de gobierno durante más de una década. De hecho, ha sido durante años la encargada de ejecutar la joya de la corona municipal: el Carnaval.
Todo empezó con una denuncia en 2023 de una pequeña asociación vecinal en el barrio periférico de Las Rehoyas, que alertaba de presuntas irregularidades urbanísticas: el Consistorio pretendía que sus edificios se convirtiesen en suelo para una gasolinera. La denuncia apuntaba a que el Ayuntamiento, además, proponía permutar sus casas por fincas que, según los investigadores, no existían o carecían de referencia catastral.
