Una conformidad o una nueva suspensión se cierne sobre un polémico proceso con enormes dilaciones. En el banquillo se tendrían que sentar los guardias que lo inmovilizaron y responsables de la empresa Ginso y la Junta de Andalucía
Han pasado casi siete años desde que el joven marroquí Iliass Tahiri, con 18 años recién cumplidos, murió asfixiado con su cabeza y su cuerpo aplastados boca abajo contra un camastro, mientras seis guardias de seguridad le inmovilizaban y le ataban con correas en una habitación del Centro de Internamiento de Menores de Tierras de Oria (Almería). Ocurrió el 1 de julio de 2019, a la hora de la siesta, y la intervención quedó grabada por las cámaras de seguridad. No hubo médico que autorizara ese tipo de actuación, como exige el protocolo. Y, pese a la polémica y el debate que suscitaron aquellos hechos —con la intervención incluso del Defensor del Pueblo—, este jueves todo puede quedar reducido a una suerte de juicio exprés de conformidad o a un nuevo aplazamiento.
El fallecimiento de Iliass, pese a no ser el primero que ocurría en España con esas características, ni tampoco el primero en un centro gestionado por la empresa Ginso (subcontratada por la Junta de Andalucía), puso en primer plano el empleo de los protocolos de contención mecánica en los centros de internamiento de menores. El defensor del pueblo visitó el de Oria e instó a la prohibición de esas actuaciones, desaconsejadas por organismos internacionales debido al riesgo que comportan.
