En octubre, el Gobierno central reconoció el sitio donde fueron ejecutados miles de opositores al régimen por su relevancia histórica. El Consistorio lo recurrió por notificarse fuera de plazo y porque “reabre viejas heridas”
Isabel Díaz Ayuso lo gritó a los cuatro vientos y José Luis Martínez-Almeida lo hizo en silencio. El pasado octubre, el Gobierno central declaró como lugares de memoria democrática tres sitios en Madrid: la Real Casa de Correos, escenario de torturas en la dictadura; la tapia de los fusilamientos del cementerio de La Almudena, donde fueron ejecutadas por el régimen franquista miles de personas, entre ellas, las Trece Rosas; y la cárcel de Carabanchel. La presidenta de la Comunidad se opuso desde el primer momento y con severidad a que se señale con una placa el pasado del edificio de la sede de la Presidencia Autonómica ―recurrió a la Audiencia Nacional el reconocimiento―, lo que ha provocado numerosos choques con el Ejecutivo. Mientras, el Consistorio siguió la estela de Ayuso con el camposanto madrileño, pero sin que nadie se enterase y sin revuelo político.
El 4 de diciembre, la Junta de Gobierno aprobó, entre una batería de acuerdos, uno que pasó desapercibido. El Ayuntamiento iba a emprender acciones judiciales contra la declaración de la tapia del cementerio como lugar de memoria democrática porque “se considera lesivo para los intereses municipales”, según consta y se puede consultar en el documento publicado en la web municipal. En el Consistorio confirman que ya han presentado un recurso contencioso-administrativo.
