Decenas de texanos luchan contra el proyecto ‘Operation River Wall’, mientras científicos advierten sobre sus posibles daños sociales y ambientales
“Lo siento, estoy lidiando con los topógrafos del muro fronterizo y no puedo contestarte hasta más tarde. Tengo que vigilar que no traspasen mi propiedad”. Así respondía Elsa Hull un domingo temprano en la mañana a la solicitud de entrevista de EL PAÍS. Hull posee tres acres de tierra en San Ygnacio, condado de Zapata, al sur de Texas. Lleva más de 25 años viviendo en el área,
r-el-rechazo-de-los-solicitantes-de-asilo-en-la-frontera-con-mexico.html" data-link-track-dtm="">cerca del río Grande, o Bravo, como se le conoce desde América Latina. Ahí crio a su familia y construyó un santuario para aves. Sin embargo, la Administración de Donald Trump pretende levantar un muro de acero “en la zona ribereña junto a mi propiedad, con la zona de vigilancia extendiéndose por mi patio delantero e incluso posiblemente por mi casa”. Decenas de personas en Texas están peleando contra esta situación provocada por el proyecto Operation River Wall, que planea instalar también más de 800 kilómetros de boyas flotantes en el cauce del río.
Solo en los condados de Webb y Zapata, los planes del Gobierno federal incluyen 173 kilómetros de muro y 246 kilómetros de boyas, todo financiado con los 46.500 millones de dólares que el Congreso aprobó el año pasado en la reforma fiscal del presidente. Se trata de una infraestructura que, según los expertos, amenaza con convertir el único suministro de agua potable para unas 15 millones de personas en una zona de riesgo irreversible, además de afectar la propiedad y la vida cotidiana de gente como Hull.
