La primera semana de sesiones reabre la polémica sobre el cierre de la instrucción, que descartó ahondar en la “conexión política” de la trama que apuntaba al PP
El 26 de enero de 2009, cuando un limitado número de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigaba en secreto el caso Gürtel, un oscuro comisario ajeno a ese grupo de agentes y acostumbrado a moverse en la sombra y a chapotear por las alcantarillas, José Manuel Villarejo, reflejó en su agenda un sospechoso contacto que ...
mantuvo esa jornada con Ignacio López del Hierro, entonces marido de la secretaria general del PP: “Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones”. Solo faltaban 11 días para las primeras detenciones de la trama, con el empresario Francisco Correa como principal cabecilla.
En esos días previos al estallido de la causa, Villarejo ya manejaba datos confidenciales sobre el caso secreto. Y tanto entonces como en los meses posteriores, se encargó de moverlos entre cargos del PP. Así lo evidencian sus grabaciones y sus metódicos cuadernos personales, que muestran cómo las maniobras dentro del partido arrancaron mucho antes de que los conservadores se instalaran en La Moncloa (con Mariano Rajoy en 2011) y antes también de que se hicieran con el control del Ministerio del Interior, donde se activó en 2013 la llamada Operación Kitchen, el plan de espionaje sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas para supuestamente robarle material comprometedor de la formación que aún pudiera guardar, para poder boicotear así el caso Gürtel. Una trama que se enjuicia desde este abril en la Audiencia Nacional.
