El juicio a Ábalos es un retrato descarnado de la falta de controles en la Administración para frenar a un cargo político
Es inevitable compartir el estupor ciudadano ante los testimonios que esta semana se han sucedido en el Tribunal Supremo alrededor del comportamiento de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. En estas primeras sesiones ha quedado en evidencia que el entonces ministro colocó a dedo —en trabajos ficticios pero en empresas públicas— a dos de sus parejas. A una de ellas le pagaba además el alquiler de un piso el empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil denominó “nexo corruptor” dentro de la trama que durante la pandemia logró del ministerio un contrato de mascarillas presuntamente amañado. Este es el caso que se juzga, no el enchufismo. Pero la puesta en escena judicial ha convertido el escándalo de corrupción en un serial bochornoso.
Una de las mujeres tuvo trabajo en las compañías públicas Ineco y Tragsatec. Otra, en Logirail. De los testimonios de los responsables de estas empresas y de los de las propias interesadas resulta inevitable concluir que estaban allí por recomendación personal de Ábalos a través de su asesor, Koldo García, y que no tenían ni la preparación requerida para el puesto ni funciones precisas. Simplemente, cobraban un sueldo público. Un responsable de Adif apuntó junto al nombre de una de las mujeres “presidencia”, para acordarse de que no debía fiscalizar su trabajo. Otro asegura que fue amenazado y destituido por cuestionar esa inexistente labor.
