Trabajadores de las empresas públicas donde Ábalos colocó a su novia y a una “amiga” destapan la falta de control
Una tabla de Excel fue el problema. Ignacio Zaldívar, trabajador de Adif, la hizo para consumo propio. Nunca pensó que traspasaría las paredes de su despacho para saltar hasta el Tribunal Supremo. En ella apuntó “presidencia” junto al nombre de Jésica Rodríguez como una bandera roja para recordarle que esa chica era un caso “especial”. La huella laboral de la joven, la expareja de José Luis Ábalos a la que el exministro de Transportes colocó ―gracias a las gestiones de su fiel colaborador, Koldo García―, en hasta dos empresas públicas, ha sido uno de los rompecabezas que los magistrados han intentado descifrar en la segunda sesión del juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas. No ha sido una tarea sencilla, porque el rastro era endiablado y porque el relato de los testigos tampoco lo ha puesto fácil.
El cuadro lo han pintado dos trabajadores de Ineco, una de Tragsatec y Zaldívar, de Adif. El tribunal ya venía de escuchar a antiguos directores gerentes de Logirail ―otra empresa pública en la que Ábalos y García lograron situar a una segunda mujer: Claudia Montes― y al expresidente de Renfe Isaías Táboas, también por la contratación de la ex miss Asturias +30 de 2017, que se ha definido como “amiga” y “compañera de partido” de “José Luis”. Fuera por el cansancio o por la complejidad de los hechos, lo cierto es que el tribunal se ha rendido a la evidencia. “Pero usted ¿pertenece a Adif?, ¿y también a Ineco?“, ha preguntado el presidente, Andrés Martínez Arrieta. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ya mostraba también cierto hartazgo, ha sido el encargado de desenredar la madeja con un pedagógico interrogatorio sobre cómo funcionaba la dinámica de contrataciones entre las compañías dependientes de Transportes.
