Los abogados advierten sobre los riesgos de usar la aplicación CBP Home que promueve el Gobierno, pero quienes no la usan también se exponen a la detención
Como parte de la campaña contra la inmigración del presidente Donald Trump, la Administración promueve la autodeportación, el eufemismo que indica el regreso voluntario —en realidad, impulsado por el clima de persecución desatado en el país— de los migrantes a sus países de origen. Llevarla a cabo, sin embargo, no es tarea fácil, por mucha voluntad que haya por parte de los interesados. Muchos migrantes optan por salir para poner fin a la amenaza de ser detenidos, separados de sus familias y encerrados en uno de los infames centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). Después de haber tomado una decisión tan difícil que cambia el rumbo de sus vidas, les surge el dilema de cómo hacerlo y no caer en manos de los agentes federales en el intento.
La mexicana Mireya tomó la decisión de regresar a su país después de haber vivido 18 años en Estados Unidos. Entró legalmente en 2008, pero superó el tiempo de estancia permitido sin cambiar su estatus migratorio. Decidió regresar a México para continuar un tratamiento médico, en vista de las barreras que enfrentan los indocumentados para acceder a los servicios de salud en Estados Unidos. El mes pasado, cuando estaba en el aeropuerto de Oklahoma, a punto de embarcar en el avión, la policía la detuvo y la entregó a los agentes del ICE. “Ella les preguntó que por qué la detenían si estaba yéndose. Les enseñó su boleto, pero le dijeron que era ‘demasiado tarde”, según cuenta su abogada, Wendy Rodríguez, por teléfono a EL PAÍS. “Como a los 30 minutos fueron a su casa, no sabemos aún cómo obtuvieron su dirección, y sin ninguna orden judicial detuvieron a dos de sus tres hijos y a su marido. Se llevaron hasta a los perros”, explica. Los cuatro se encuentran ahora detenidos en el centro de Bluebonnet, en Texas.
