La asesora del Departamento autonómico de Justicia recuerda que el objetivo de la ley penitenciaria es la reinserción
Inés Soria (Zaragoza, 51 años), magistrada y asesora del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y exmiembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, garantiza que los presos etarras acogidos al tratamiento penitenciario en las cárceles vascas e inmersos en el proceso de reinserción reconocen el daño causado a las víctimas y salen de modo distinto al que entraron. Es el caso de Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, y Soledad Iparraguirre “Anboto”, exjefes de ETA,
3-24/la-exdirigente-de-eta-anboto-sale-de-prision-en-regimen-de-semilibertad.html" data-link-track-dtm="">cuya salida durante la semana, con pernocta en la cárcel, para actividades laborales, ha levantado un escándalo social y político.
La decisión la ha adoptado el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, gestionado por el PSE, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Martutene (Gipuzkoa). Actualmente hay 118 presos etarras en las cárceles vascas, muy lejos de los 800 que había al finalizar el terrorismo en 2011. De los 118, 49 están en segundo grado; 48 en tercero y 18, regidos por el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, aplicado a Aspiazu y a Iparraguirre. Desde la disolución de ETA en 2018, los etarras cumplen condena en cárceles vascas; una mayoría asume la legalidad penitenciaria y se acoge a un tratamiento individualizado, lo que facilita su salida condicionada de la cárcel. Solo hay una decena de disidentes.
