El PP apuesta por limitar a las urgencias la atención sanitaria a los indocumentados, mientras los ultras piden en Extremadura dar prioridad a los nacionales en toda la asistencia
Cuando apenas había transcurrido media hora de la importante cumbre del miércoles en Mérida sobre la negociación del Gobierno extremeño, Vox envió un comunicado a los medios enumerando sus demandas dirigidas al PP. “Prioridad de los españoles en sanidad”, rezaba de forma genérica una de las condiciones para investir a María Guardiola. El Partido Popular niega que ese tema es...
tuviera sobre la mesa en la reunión a la que acudió su secretario general, Miguel Tellado, hace dos días. Pero al ser necesario su apoyo también en Aragón y en Castilla y León —comunidades donde Santiago Abascal hace valer su aumento de voto prolongando el bloqueo y donde extenderá los requisitos ya enunciados en Extremadura—, los ultras arrastran inevitablemente a Génova al debate de restringir la sanidad a los inmigrantes, uno de los principales puntales del discurso de la extrema derecha.
A falta de conocer en qué queda el acuerdo de PP y Vox en Extremadura en este punto, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo confirma que sí rechaza la sanidad universal pública y gratuita para los extranjeros en situación irregular que ha sido restaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez por real decreto hace solo unos días. “Hay que atender a quien lo necesite, pero no generar derechos a personas que son irregulares en nuestro país”, señalan fuentes de Génova. Es decir, el PP pretende volver al modelo en el que se asiste a los inmigrantes indocumentados solo a través de las urgencias, pero sin que se les permita tener acceso a los médicos de familia o especialistas, algo que “lo que hace es tensionar aún más un sistema sanitario que ya está al límite”, defienden en la cúpula del líder del PP.
