El proyecto legal LIDER de la Comunidad desata las críticas de la oposición: “Dejan en manos de los promotores privados la planificación”
No hay trampa ni cartón. La nueva ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid tiene como uno de sus objetivos “promover y facilitar la participación y la colaboración de la iniciativa privada en el ejercicio de la actividad urbanística”; pretende “
.pdf" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/02-main_y_test_pyme-20251211.pdf" data-link-track-dtm="">ampliar la colaboración público-privada en los procedimientos de gestión y ejecución”; y blinda como uno de sus principios rectores “favorecer (...) la colaboración público privada”.
Esa apuesta, recogida en un anteproyecto consultado por EL PAÍS, sirve para crear la figura de las entidades colaboradoras ambientales para gestionar procedimientos administrativos de carácter ambiental. Allana el camino para que los privados promuevan y ejecuten proyectos estratégicos como los de alcance regional. Y abre la puerta a que participen de la gestión pública del territorio con las figuras del agente urbanizador, que financiará las operaciones con sus medios y será retribuido con terrenos o compensaciones de los propietarios que usen sus servicios, o el agente regenerador. “Son nuevas formas de colaboración público-privada”, se explicita. Un planteamiento duramente criticado por la oposición de izquierdas, que ve en él “una concepción ultraliberal”.
