La extensión de la guerra y las consecuencias de la posición española requieren que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento para informar con detalle
El incendio provocado por el temerario e ilegal ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra el despreciable régimen iraní se propaga a toda velocidad. La región se sume en la violencia y el mercado energético acusa la enorme inestabilidad, los riesgos se acumulan. En el caso de España, a ese contexto de máxima alerta, se añade el riesgo específico de la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este martes manifestó su previsible disgusto por la posición del Gobierno español y amenazó con cortar los lazos comerciales con España.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, expresó desde el primer momento una posición coherente con el derecho internacional al rechazar el ataque del sábado, ya que no se fundamenta ni en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU ni en el presupuesto de la legítima defensa (no hay indicios sólidos de que Irán planeara ataques de forma inminente). La negativa de Sánchez a permitir el uso de las bases estadounidenses ubicadas en territorio español para sostener en clave logística la ofensiva es consecuencia de esa premisa, y está amparada por el tratado que regula su uso. El coste político puede ser elevado, pero su motivación es sólida.
