Pese a las liberaciones de cerca de medio millar de presos, en las cárceles del país todavía quedan 568 encarcelados. Los tribunales venezolanos se han llenado de solicitudes
Martha Lía Grajales recuperó la voz perdida hace siete meses. Esta semana ha recibido la libertad plena tras solicitarla a través del proceso de amnistía, aprobado en Venezuela hace tan solo una semana. La restricción de hablar públicamente —un derecho fundamental para una defensora de derechos humanos— ha cesado, como consta en el documento que recibió de los tribunales el pasado martes.
Grajales, activista del colectivo Surgentes, fue detenida en agosto de 2025 y estuvo presa cinco días, aunque no debió estar ninguno. Con esta resolución terminan siete meses de silencio, durante los que además tuvo prohibido salir del país y estuvo obligada a presentarse cada 13 de cada mes —con el estómago revuelto, asegura— a poner su firma en los tribunales.
Una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la comisión parlamentaria que monitorea el proceso ha recibido 8.110 solicitudes de personas detenidas que piden el fin de las medidas cautelares que por años han coartado su libertad. Las detenciones les han obligado a presentarse periódicamente en tribunales, o les han impedido hacer declaraciones en medios de comunicación, o salir del país, y se han convertido en una mancha en sus expedientes que les ha costado además la pérdida de sus empleos.
