Se exige una supuesta igualdad en la financiación autonómica, pero dentro de la región vulnera el principio de equidad
El Gobierno ha presentado ―pendiente de aprobación― un proyecto de reforma del modelo de financiación autonómica y ahora estamos en el momento del debate y la opinión informada. El nuevo modelo ―que solo afecta a las comunidades autónomas del régimen común, es decir, todas menos Navarra y País Vasco― incrementa la capacidad tributaria al subir los porcentajes del IRPF e IVA cuya gestión se cede a las comunidades autónomas; y se desagregan ―para actualizarlos― los porcentajes referidos a educación y servicios sociales que se utilizan para calcular la población ajustada de cada comunidad. Junto a esto, el modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático e incluye nuevos mecanismos de nivelación a fin de avanzar en la reducción de las diferencias territoriales en financiación por habitante.
Esto es lo que el nuevo modelo de reforma plantea para el futuro…. pero, ¿qué ha sucedido en estos últimos años, desde 2018, en las diferencias entre comunidades autónomas tanto en PIB per cápita como en renta neta media por persona? Ambos indicadores, calculados por el INE, son relevantes en tanto que, entre PIB y renta neta disponible, median los impuestos y las cotizaciones sociales y otras transferencias. Es decir, en el indicador de renta neta disponible se ve ya reflejado el efecto más relevante del gasto público: el de los impuestos y de las cotizaciones sociales, aportados con progresividad fiscal. Los pagan las personas, pero podemos ver su repercusión por comunidades autónomas y es esta: las diferencias, por comunidades autónomas, entre PIB per cápita y renta neta media por persona se han reducido, entre 2018 y 2024, de manera importante y además esa reducción se ha producido en un contexto de crecimiento económico, de incremento de la cuantía de la renta.
