El Gobierno de Netanyahu avanza en su proyecto de anular cualquier viabilidad del territorio palestino ante la pasividad internacional
La decisión adoptada el pasado domingo por el Gobierno israelí de extender su autoridad civil sobre varias partes de Cisjordania constituye de facto una anexión ilegal. Se trata de una nueva y grave violación del derecho internacional que además expone abiertamente cuál es el plan de Benjamín Netanyahu y sus colaboradores para el territorio que Israel ocupa desde 1967. En ningún caso pasa por el establecimiento de un Estado palestino independiente y viable como exigen las resoluciones de la ONU, sino que apunta a la anexión del máximo territorio palestino posible dejando a su población recluida en pequeños enclaves completamente dependientes de la voluntad israelí.
Lo que ha hecho el Gabinete de Seguridad —formado por el primer ministro y los titulares de Defensa, Exteriores, Economía, Justicia y Seguridad Nacional— ha sido enterrar la legislación establecida en 1997 que obligaba a aprobación previa de las nuevas construcciones en territorio cisjordano tanto por parte de las autoridades israelíes como de las palestinas. Aunque en la práctica Israel ha ignorado esta norma, su anulación oficial constituye un cambio “drástico”, en palabras del propio Gobierno israelí. No solo facilita cobertura legal a la expansión de las colonias, sino que incrementa la capacidad de las autoridades israelíes para supervisar y regular cuestiones relacionadas con el agua o los yacimientos arqueológicos y les otorga la última palabra en la evaluación de riesgos ambientales, un concepto que puede servir de excusa para impedir la construcción de infraestructuras palestinas, su normal crecimiento urbanístico o cualquier nuevo emprendimiento.
