Mientras el Congreso negocia imponer nuevos límites a los agentes migratorios, las legislaturas estatales redoblan esfuerzos para sacar adelante proyectos que en algunos casos llevaban meses en el tintero
Las muertes por los disparos de agentes federales de Alex Pretti y Renee Good, dos estadounidenses de 37 años, en Minneapolis han acelerado una ofensiva legislativa en Estados gobernados por demócratas para poner freno a las autoridades migratorias y exigir responsabilidades por abusos y violaciones a los derechos constitucionales. Las iniciativas son un desafío directo a la agenda antimigrante del Gobierno de Donald Trump, que incluyen desde habilitar demandas civiles contra los agentes hasta restringir la cooperación de policías locales con los federales.
Mientras el Congreso negocia imponer nuevos límites a los agentes migratorios como condición para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto termina el 14 de febrero, las legislaturas estatales han redoblado esfuerzos para sacar adelante proyectos que en algunos casos llevaban meses en el tintero, impulsados por lo que describen como una creciente “impunidad” de los agentes federales en medio de una “escalofriante ola de terror”. Los hechos de Minneapolis se suman a una escalada de confrontación que se intensificó el verano pasado, cuando Trump ordenó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador, tras una ola de protestas contra las redadas masivas, y que se ha extendido a otras ciudades gobernadas por demócratas.
