La polémica por el proyecto de Azcón de dedicar siete millones a esta etapa no obligatoria estalla en plena campaña por un recurso sindical ante el TSJA
La decisión del Gobierno de Aragón de extender los conciertos educativos al Bachillerato y al periodo de 0 a 3 años, dos etapas educativas no obligatorias, ha abierto un frente político y jurídico en una región que acudirá a las urnas el próximo 8 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admitió a trámite el 16 de enero un recurso contencioso-administrativo presentado por el sindicato CSIF contra la concertación del Bachillerato. ¿La razón? Que el Gobierno regional, liderado por Jorge Azcón (PP), quiere gastar siete millones de euros en financiar esta etapa en todo tipo de centros privados (concertados o no) mientras tiene 2.500 plazas libres en centros públicos, según un informe de la plataforma de la educación pública de Aragón. “Es una privatización encubierta”, se quejan en la oposición sobre una medida que arrancaría por el segundo curso de Bachillerato.
“Concertar el Bachillerato en Aragón, que es una etapa no obligatoria y que cada vez tiene menos alumnado tanto por el descenso poblacional como por el auge de la Formación Profesional, es completamente innecesario”, sostiene Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón y responsable de educación del sindicato. “En estos momentos hay 2.500 vacantes de Bachillerato en los centros públicos. Con los impuestos de los aragoneses estamos manteniendo al profesorado y la infraestructura de esas etapas, que ya están creadas. Dedicar otros siete millones a los centros que quieran incorporar el concierto supone una duplicidad”, insiste tras tres jornadas consecutivas de huelga en la educación pública que concluyeron el pasado 22 de enero con un seguimiento el último día del 21,54%, según el Gobierno de Aragón, y del 52,3%, según los convocantes.
