El Gobierno dice adiós a la nacionalización de la industria y cede el control de la gestión operativa y financiera a empresas nacionales o extranjeras
El petróleo ha sido una pieza clave en el nuevo escenario que se ha abierto en Venezuela. Apenas unos días despúes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el chavismo puso en marcha una reforma acelerada de la ley de hidrocarburos, que ha provocado un giro de 180 grados en la política de nacionalización impulsada por Hugo Chávez, base de la revolución bolivariana. El nuevo marco legal prioriza la rentabilidad para inversores nacionales y extranjeros, con el objetivo de atraer capital que permita reflotar la producción petrolera. A continuación, una serie de preguntas y respuestas que aclaran las cuestiones más importantes de la nueva legislación.
Los cambios se concentran en tres aspectos: la apertura amplia al sector privado nacional e internacional en la exploración, explotación, producción y comercialización del crudo. En segundo lugar en la reducción de impuestos y regalías (el porcentaje del valor del petróleo extraído que las empresas deben pagar obligatoriamente al Estado) para aumentar la rentabilidad de las inversiones privadas. También se refuerza la seguridad jurídica mediante la incorporación de mecanismos de arbitraje y mediación internacionales, que permiten resolver controversias fuera de los tribunales venezolanos.
