Tras un proceso de casi 15 años, el organismo de derechos humanos de referencia de África falla contra estos exámenes y ordena reparaciones al Estado
El 9 de marzo de 2011, las jóvenes egipcias Samira Mahmoud y Rasha Abdelrahman fueron detenidas separadamente por soldados cerca de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, tras haber participado en una sentada pacífica para exigir una nueva Constitución y la destitución del primer ministro. Hacía apenas un mes que el ejército había asumido el poder en el país tras la caída del expresidente Hosni Mubarak en medio de masivas movilizaciones sociales.
Inicialmente, las dos fueron llevadas al Museo Egipcio, que se encuentra en la misma plaza y había sido reconvertido en un centro de detención informal del ejército. Allí, Mahmoud fue atada de manos y pies, rociada con agua, electrocutada con una pistola taser, y llamada “puta” repetidamente, según testificaría después. Abdelrahman también fue electrocutada y recibió golpes junto a otras mujeres mientras varios soldados la insultaban, según su versión de los hechos.
Ambas fueron trasladadas a una prisión militar, donde un médico obligó a Mahmoud a desnudarse y a tumbarse con las piernas levantadas para examinarle los genitales con las manos. El mismo doctor la forzó a firmar una declaración en la que afirmaba no estar casada, ser virgen y que su himen estaba intacto. Abdelrahman fue sometida a un examen genital forzado directamente en un pasillo, a la vista de soldados y de oficiales.
