La empresa y la administración argumentan que la crisis de precios ha pasado y que ahora existen medidas de protección estructural como el bono y el escudo social
El pasado 31 de diciembre caducó la vigencia del convenio firmado entre Endesa y la Generalitat para proteger a los ciudadanos más vulnerables de las consecuencias de la pobreza energética. El acuerdo, rubricado en marzo de 2021 tras la presión de los agentes sociales, fue anunciado como un paso adelante muy importante —y pionero, puesto que no se firmó ningún convenio más con otras empresas ni en otras comunidades autónomas— en un contexto de alza de precios tras la salida de la pandemia, que se agravaría un año después con la cri...
sis energética derivada de la guerra en Ucrania. El despliegue del convenio, así como de la estrategia de la lucha contra la pobreza energética en general, ha dejado mucho que desear, según denuncian las entidades sociales, pero al menos existía un acuerdo único que obligaba a Endesa, que tiene el 98% de la distribución eléctrica y algo menos del 50% en la comercialización de energía en Cataluña, a cumplir con ciertos compromisos con las familias vulnerables. La Generalitat y Endesa confirman que el convenio ha caducado y explican que están analizando “otras formas de colaboración”, sin detallar cuáles. Ambas partes argumentan que la crisis de precios se ha mitigado, y que ahora, a diferencia de cuando se firmó el pacto, hay herramientas de protección estructurales, impulsadas en el Estado, como el bono social y el escudo social.
