Un enchufe o un libro en un vídeo pueden dar la clave para acabar con los abusos sexuales a un niño
2.500 personas comparten archivos ilegales con imágenes de sexo con menores —o entre ellos o con adultos— desde dispositivos informáticos a través de programas como Emule o BitTorrent en toda España a las 10.30 de una mañana laborable. La cifra, que se mantiene bastante estable, se monitoriza desde las dependencias policiales de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, en Madrid. En la pantalla del ordenador del subinspector Eduardo Casas van brotando chinchetas rojas como champiñones sobre un mapa de la península. Se acumulan especialmente en Madrid y Barcelona, y las zonas de costa. Casas trabaja en uno de los tres grupos de Protección al Menor encargados de buscar a quienes comparten pornografía infantil en internet e investigar las agresiones sexuales a menores, unos casos que tienen la “máxima prioridad”.
Lejos de la imagen de agentes obligados a estudiar imágenes que muestran las peores perversiones, Casas, con más de 20 años de experiencia en este campo, ensalza la luz que su trabajo lleva a la vida de las víctimas. “Da para la esperanza, porque se les está rescatando. La vida ya solo les puede ir a mejor después de que nosotros llegamos”, cuenta. El grupo de Casas cerró 2025 con 38 operaciones y 156 detenidos. La sección entera ha superado los 500 arrestados.
