El Congreso debatirá una reforma de la Ley de Glaciares después de que la provincia de Mendoza autorizase la minería después de 14 años y Tierra del Fuego, la instalación de salmoneras
El Gobierno de Javier Milei no quiere trabas al desarrollo energético y minero de Argentina ni a cualquier otra actividad económica que atraiga capitales extranjeros y potencie el crecimiento. Tras aprobar un régimen especial de incentivos para las grandes inversiones, el Ejecutivo ultra trabaja ahora en la eliminación de los muros de contención legales que en los últimos 15 años limitaron el desarrollo de actividades extractivas y de otras con un fuerte rechazo social por su impacto en el medio ambiente, como la salmonicultura industrial.
La reforma de la Ley de Glaciares que el Congreso debatirá en febrero, los cambios legislativos promineros aprobados este mes en la provincia occidental de Mendoza y la apertura a la salmonicultura en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, forman parte de una estrategia común que reduce las prohibiciones ambientales y deja en manos de las provincias la evaluación caso por caso de los proyectos.
La Ley de Glaciares, una de las normas vertebrales del derecho ambiental argentino, se sancionó en 2010 tras una larga disputa con el lobby minero. La normativa protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce: abastecen de forma directa a siete millones de personas, en su mayoría residentes de provincias áridas como Mendoza o San Juan, lindantes con la Cordillera de los Andes.
